Internacionales
Anciano confiesa haber agredido sexualmente a menores durante 50 años
Un hombre de 69 años ha sido detenido en el municipio de Llíria, en la provincia española de Valencia, por haber abusado a lo largo de 50 años de al menos cinco menores. El juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.
El arresto se produjo después de que el individuo acudiera a un cuartel de la Guardia Civil y confesara voluntariamente los delitos que cometió. Entre sus víctimas figuran su nieta, que tiene discapacidad; su hermana; su cuñada; una amiga de esta; y una niña de ocho años, hija de unos amigos, que es la única que actualmente continúa siendo menor de edad.
La confesión se produjo el pasado domingo cuando el sujeto acudió a las dependencias policiales acompañado de su actual pareja, que además es la madre de una de las víctimas, la nieta del pederasta, puesto que la mujer antes estaba casada con uno de los hijos del detenido, reporta el diario Levante EMV.
Pederasta de Llíria | Un depredador sexual confiesa haber violado a cinco menores de su entorno durante medio siglo https://t.co/Y043Xd25xk
— 🕸Merce Palao Ganga (@jacamp98) May 8, 2024
Según relata el medio local, la niña le contó en varias ocasiones a su madre que su abuelo había abusado de ella en 2012 cuando tenía 11 años, pero ella no le creyó.
La última víctima de este hombre fue una niña de 8 años, hija de unos amigos con los que coincidieron en verano de 2021. Mientras, desde 2001 abusó de la hermana de su actual esposa cuando tenía 14 años, y a pesar de que la adolescente avisó lo que ocurría, no le creyeron, y los abusos continuaron durante tres años.
Asimismo, el primer abuso relatado por el pederasta confeso ocurrió en los años 70, al aprovecharse de su propia hermana cuando él tenía 16 años y ella tan solo 7. Este es el único delito que ya estaría prescrito.
¿Por qué ha confesado?
Los motivos que llevaron al hombre a confesar al parecer iniciaron con el nacimiento del hijo de su nieta. La que fue su víctima hace una década no dejaba que ni él ni su esposa se acercaran al pequeño, ante el miedo de que pudiera sufrir las mismas agresiones que ella padeció.
Los hechos se precipitaron hace una semana, cuando la abuela del niño informó que iba a demandar los derechos que le asistían para poder ver a su nieto y fue entonces cuando salieron a la luz los verdaderos motivos por los que habían alejado al pequeño de ella y de su marido.
El medio local relata que la esposa del agresor habló con su hermana, quien sufrió los abusos cuando era adolescente, y con la madre de la menor que sospechaba que podía haber sido otra víctima. Tras escuchar sus testimonios se rindió a la evidencia.
«Si has tenido huevos para hacer algo así, ten valor también para confesarlo», le habría dicho su esposa al hombre para que acuda al cuartel de la Guardia Civily se entregara.
Sin embargo, se sospecha que el pederasta se vio forzado a confesar porque su nieta había acudido junto a su marido al juzgado de guardia para presentar la respectiva denuncia, y el hecho de reconocer los delitos podría ser considerado como atenuante en un futuro juicio.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
