Judicial
Irene y Eunice fueron abusadas a corta edad por su padre y el padrastro, que fueron condenados
Irene y Eunice, nombres cambiados para proteger su identidad, a su corta edad fueron víctimas de dos casos de agresión sexual que tienen como responsables a dos personas que se suponía debían guiarlas en sus primeros años de vida: su papá y el padrastro.
Los hechos tuvieron lugar en febrero y junio de 2017, mayo y agosto de 2018.
En febrero de 2017 la madre de Irene ya no estaba junto al progenitor, pero tenía una relación sentimental con Ricardo L., de 41 años, con quien tenía la suficiente confianza como para dejarlo al cuidado de su pequeña.
En una ocasión la madre de Irene llegó a dejarla a la casa de Ricardo, quien ya tenía una hija, con la intención de que ambas niñas pasaran el rato juntas, pero ese día no estaba por lo que la mujer dejó a Irene al cuidado de Ricardo.
La Fiscalía lo acusó de agresión sexual en menor en modalidad continuada y después des desfile probatorio el Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador lo mandó a la cárcel por 12 años.
Mientras dormía
En la ciudad de Ahuachapán, en mayo de 2018 a eso de las 8 de la noche Eunice ya estaba acostada y el resto de su familia dormida, nadie tenía idea de lo que estaba por suceder.
Eunice estaba junto a una de sus hermanas y a la par de ella estaba su padre, Máximo G., de 42 años, quien se le acercó y de repente le tocó sus partes íntimas y le dijo que si le decía a su mamá la iba a castigar. Esa misma noche Máximo también abusó de la misma forma de la hermana de Eunice.
La familia terminó descubriendo los hechos de los que las niñas habían sido las víctimas y denunciaron al hombre para su captura.
Las investigaciones y las pericias en las menores comprobaron el crimen en el sistema judicial Tribunal de Sentencia de Ahuachapán lo condenó a 13 años de cárcel por agresión sexual en menor de manera agravada.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
