Un comunicador que administraba una página de Facebook que publica noticias, sátira y denuncia ciudadana fue asesinado este jueves en el balneario de Acapulco, en el sur de México.

José Carlos González Herrera, quien gestionaba la página de Facebook «El Guerrero Opinión ciudadana», con 142.000 seguidores, fue atacado a balazos en el centro de la ciudad, según reportes policiales.

Conocido en las redes sociales como «Fénix», había resultado herido de bala en junio de 2023 en un incidente similar.

Acapulco, en el Pacífico mexicano, se ha visto golpeado por la violencia ligada a bandas del crimen organizado que se disputan lucrativas rutas del narcotráfico.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Muchas de las víctimas de estos ataques tenían en común que trabajaban en zonas asoladas por el crimen organizado y publicaban sus contenidos en medios pequeños o redes sociales, generalmente en precariedad laboral.

Más de 480.000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidrogas con apoyo de efectivos militares.

Exdiputados y exfuncionarios de ARENA y FMLN están vinculados a una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) señaladas de financiarse en varios ejercicios fiscales con fondos del Presupuesto General de la Nación, para realizar activismo político.

Los cuestionamientos contra las ONG se reavivaron porque el lunes pasado varias personas de la cooperativa El Bosque, del distrito de Santa Tecla, fueron instrumentalizadas por «grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas» para protestar frente a una residencial privada sin relación con el caso, según denunció el presidente de la república, Nayib Bukele.

El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez explicó que los partidos tradicionales comenzaron a recurrir nuevamente a los viejos métodos de la guerra para atacar al Gobierno por medio de las ONG u otras organizaciones de fachada.

«Son organizaciones que reciben fondos para tratar de desestabilizar y deslegitimar con protestas constantes. Están tratando de replicar el libreto de los años ochentas, quieren generar mártires», planteó el sociólogo.

La vinculación de los exfuncionarios areneros y efemelenistas con organizaciones fue establecida por la comisión especial que investigó a las «ONG fachada» en la legislatura anterior, con base a datos recolectados por abogados penalistas que fueron contratados por la Asamblea Legislativa para colaborar en las investigaciones. Este expediente, así como el aviso de investigación, están en manos de la Fiscalía.

«ARENA y FMLN usaron las ONG como un soporte mezquino de activismo político, manipulando las necesidades, angustia e ingenuidad de la población bajo su influencia», dijo Martínez.

Según el informe, la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) -de la cual la entonces diputada efemelenista Lorena Peña fue fundadora- recibió $518,890 entre 2011 y 2019 para proyectos.

El exdiputado efemelenista Jorge Schafik Hándal y el exsecretario de Comunicaciones del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, fueron directivos de la ONG Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (Fundaspad), que recibió $639,000 de fondos públicos.

Las exdiputadas efemelenistas Blanca Flor Bonilla y Rosa Alma Cruz Marinero fueron directivas, según el informe, de la ONG Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES); sin embargo, no se presentaron a declarar ante la comisión especial por los $2.5 millones que recibió la organización.

Milena Calderón de Escalón y Mariella Peña Pinto, legisladoras de ARENA, también fueron directivas de ONG que recibieron fondos públicos. De Escalón fue directiva de la Fundación Ambientalista de Santa Ana (Fundasan), que recibió $316,650 de fondos públicos; en tanto, Peña Pinto lo fue de la Fundación Nacional de Arqueología (Fundar), ONG que recibió $559,100 entre 2005 y 2009.

El sociólogo René Martínez cuestionó el quehacer de las ONG porque están influenciadas por intereses políticos de la oposición. «Pervirtiendo la naturaleza original de las ONG, las cuales fueron creadas para afrontar algunos problemas de justicia social y atención a los grupos más vulnerables, los partidos ARENA y FMLN las convirtieron en una fuente más de corrupción, desvío ilegal o ilegítimo de fondos», señaló Martínez.

«Son organizaciones que reciben fondos para tratar de desestabilizar y deslegitimar con protestas constantes. Están tratando de replicar el libreto de los años ochentas, quieren generar mártires», puntualizó.

El siguiente texto fue escrito por el sociólogo y analista Mauricio Rodríguez, y ha sido retomado de la Dirección de Estudios Sociales (DES).

Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.

Renzo Javier Casanova Sánchez, ciudadano peruano acusado del delito de intento de feminicidio agravado, fue extraditado a El Salvador tras una solicitud realizada por la Fiscalía General de la República (FGR). La entrega del imputado se efectuó la madrugada de este viernes en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, en el departamento de La Paz.

Casanova Sánchez fue detenido en Perú el 12 de julio de 2024 por una orden de difusión roja emitida por INTERPOL. Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió en 2019, durante una visita del imputado a San Salvador.

En ese entonces, Casanova se desempeñaba como oficial de seguridad de coordinación sobre el terreno para la Región Nor-Oriental de Colombia del Departamento de Seguridad y Salvaguarda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la visita a El Salvador, su esposa le solicitó el divorcio, lo que originó una discusión. Según la FGR, el imputado reaccionó con violencia, agrediendo verbal y físicamente a la víctima. La golpeó repetidamente en el rostro y el cuerpo, y posteriormente intentó asfixiarla.

Tras su captura y proceso de extradición, Casanova Sánchez será presentado ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, donde enfrentará el debido proceso judicial.

La petición de extradición fue gestionada por la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales, a solicitud de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Oficina Fiscal de Santa Tecla.