El Gobierno de Bolivia actuará con la ley en la mano para evitar que «el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto» por la «ambición desmedida» del expresidente Evo Morales (2006-2019) de volver al poder, afirmó hoy miércoles el ministro de Justicia, Iván Lima.

El ministro lamentó los enfrentamientos registrados el martes en la localidad de Vila Vila, en el departamento de Cochabamba (centro), durante el inicio de la marcha convocada por Morales para exigir elecciones generales anticipadas.

«El primer día de la marcha de la muerte cierra con 13 heridos producidos en un doloroso enfrentamiento entre bolivianos registrado en la localidad de Vila Vila. Ese es el primer resultado de la dolorosa escalada de violencia que Evo Morales, cegado por su ambición desmedida de volver al poder, pretende imponer en Bolivia», señaló Lima en su cuenta de la red social X.

Afirmó que «Morales ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías».

«El Gobierno -que no lo dude nadie actuará con la Constitución en la mano y no permitirá que el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto», agregó el ministro.

Morales ha adoptado una postura crítica hacia el Gobierno del presidente Luis Arce, a pesar de que ambos pertenecen al mismo partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que ha provocado tensiones que afectan la estabilidad del país.

Por su parte, el vicepresidente David Choquehuanca subrayó este miércoles que violar la Constitución Política del Estado es un delito penado por la ley, ante la cual «todos somos iguales», en alusión al expresidente Morales, quien insiste en su candidatura presidencial al margen de la ley.

«Si violas la Constitución Política del Estado, estás violando el sistema legal y la institucionalidad democrática, lo cual constituye un delito que está penado por la ley. Y ante la ley, todos somos iguales», escribió el vicepresidente en X.

La Policía de Italia ha encontrado el cadáver de un recién nacido en el jardín de una casa en un pueblo de Parma (norte), semanas después que se localizara en el mismo lugar un primer cuerpo de bebé y que, según las pruebas de ADN, era hijo de una joven de 22 años que vivía allí con su familia, informan los medios locales.

La vivienda de Vignale di Traversetolo se encuentra bajo intervención judicial desde que el pasado 9 de agosto la abuela de la familia y su perro encontrasen el cadáver del primer bebé que, según reveló la autopsia, había nacido vivo.

La joven, una universitaria «modelo», según los habitantes del pueblo, está acusada de infanticidio, después de que las pruebas revelasen que el bebé era suyo, mientras que el padre es un joven de su edad del pueblo con el que salía hace tiempo y que desconocía incluso el embarazo; según declaró tras ser identificado por la Policía.

El pasado jueves, la Policía científica encontró en la misma zona de los restos de otro bebé, probablemente enterrado hace meses, al que se le está practicando la autopsia, mientras que no se descartan nuevas excavaciones en el jardín de la vivienda.

«Era una familia perfecta, de la que no se podía sospechar, integrada, que vivía en un entorno acomodado. El descubrimiento del cuerpo de un segundo niño es otro golpe que ha conmocionado a nuestra comunidad»; aseguró el alcalde, Simone Dall’Orto, a los medios.

Tras «un mes de silencio, desde el 9 de agosto, cuando encontraron al primer niño», los agentes «fueron directamente allí, a cavar en la casa. La investigación es compleja, la reserva es comprensible»; añadió el alcalde sobre el hecho de que las autoridades policiales y judiciales mantengan un estricto secreto sobre la investigación.

La chica, que estudiaba Derecho, trabajaba como niñera para familias de la zona y gozaba de la simpatía de los habitantes del pueblo, en el que nadie se percató de que estaba embarazada, está siendo investigada por la Fiscalía de Parma y se sospecha que el hallazgo del segundo cadáver se produjo tras una confesión.

El toque de queda suspenderá la libertad de tránsito desde las 22:00 hora local del miércoles hasta las 06:00 hora local del jueves, de acuerdo con un decreto ejecutivo firmado por el mandatario, indicó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

La medida se aplicará en todos los cantones y parroquias de las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (oeste), Manabí (oeste), Santa Elena (suroeste) y El Oro (suroeste), así como en la provincia amazónica de Orellana (nororiente) y el cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay (sur).

La dependencia presidencial agregó que el Bloque de Seguridad, conformado por la Policía y las Fuerzas Armadas para la lucha contra la delincuencia, reforzará sus acciones para precautelar la seguridad ciudadana y del país en todo el territorio nacional.

Apuntó que las fuerzas de seguridad pondrán «especial atención en los cantones y parroquias en los que rige esta suspensión de la libertad de tránsito».

Añadió que oportunamente se comunicará otras medidas complementarias que se consideren necesarias en función de la situación de la próxima semana.

Estas provincias se encuentran en estado de excepción desde el pasado 2 de julio por «grave conmoción interna», debido a la presencia de bandas criminales, según el Gobierno.

El pasado 30 de agosto, Noboa, renovó por 30 días dicha medida, ya que persisten los actos violentos en esas localidades.

Ecuador libra desde enero pasado un «conflicto armado interno» que el presidente Noboa declaró en el país contra 22 bandas calificadas como «terroristas», tras una escalada de la violencia con asesinatos, ataque armados, motines carcelarios y otros delitos.