Internacionales
Tirador de masacre de familia hondureña en Texas había amenazado a otros vecinos
Francisco Oropeza, de 38 años, sigue prófugo tras la masacre de familia originaria de Honduras en Texas, pero el sujeto ya tenía un historial de violencia, incluso la Policía había acudido a su domicilio anteriormente.
El Sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que sus agentes habían estado al menos una vez en casa de Oropeza, quien ya había sido reportado por disparar su arma en el patio de la vivienda.
Capers no dio más detalles, pero reconoció que disparar un arma en el patio de una propiedad es un hecho ilegal. No queda claro si amonestó a Oropeza.
Rene Arevalo vive a unas casas de donde Oropeza mató a cinco miembros de una familia y contó que el tirador era un problema constante en el vecindario, incluso había amenazado con matar a su perro, el cual se soltó en el vecindario.
“Le digo a mi esposa todo el tiempo: ‘Aléjate de los vecinos. No discutas con ellos. Nunca sabes cómo van a reaccionar’”, dijo Arévalo.
Agregó que Texas cualquiera puede portar un arma y no se sabe cómo va a reaccionar esa persona.
El vecino asegura que es común que las personas se pongan a beber los viernes en sus patios traseros y empiecen a disparar.
“Es algo normal que la gente hace por aquí, especialmente los viernes después del trabajo”, afirmó el vecino a The Associated Press.
El viernes en la noche, cinco personas de una familia de 10 hondureños, incluido un niño de 8 años, en una casa de Cleveland, cerca de Houston, fueron acribillados por Oropeza, luego de pedirle dejar disparar su AR-15, debido a que querían dormir a uno de los bebés.
El sheriff Capers dijo que las víctimas tenían pocos días viviendo en el vecindario, donde no planeaban quedarse.
Oropeza sigue prófugo y las autoridades señalan que podría estar “en cualquier lado”.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
