Judicial
Su mujer le era infiel y todavía lo quiso matar por cacharla con el amante
Jacqueline Iveth L., junto a su amante Elkys Stanley V., intentaron atropellar a la pareja de ella (Miguel M.) después de que este descubrió la infidelidad.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) el intento de homicidio ocurrió el 25 de enero de 2022 en la urbanización Sierra Morena, de Soyapango; la denuncia de Miguel M., fue interpuesta hasta mediados de febrero.
En la denuncia consta que Miguel sospechaba que Jacqueline le era infiel con otro hombre por lo que el martes 25 de enero se armó de valor para aclarar esa situación al seguirla después de que ella saliera de la casa rumbo a su trabajo.
La mujer abordó un pick up que era conducido por Stanley y eso hizo entrar en celos a la víctima, quien observaba la escena desde un lugar cercano.
Miguel comenzó a tomarles fotografías para sustentar la infidelidad de su compañera de vida, pero ambos se dieron cuenta de que habían sido fotografiados.
Momentos después, Miguel se bajó de su motocicleta para realizar una llamada y fue cuando, según la denuncia, Stanley intentó arrollarlo con el pick up. Jacqueline se bajó del vehículo y corrió a donde estaba su pareja inconsciente en el suelo para quitarle el celular y borrar las fotografías que les había hecho.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades y la Policía detuvo a la mujer junto a su amante al ser acusados de homicidio agravado tentado y de encubrimiento.
Ambos enfrentaron la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Soyapango, en donde el juez envió a juicio a Stanley al ser acusado de homicidio agravado en grado de tentativa; a ella se le autorizó la suspensión condicional del procedimiento después de haber aceptado el delito de encubrimiento.
Jacqueline tendrá que mejorar su conducta por el plazo de un año; además, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
La Fiscalía presentó en la audiencia las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instaladas en el lugar en las que muestran que el hechor intentó arrollar a la víctima, mientras que la mujer pretendió borrar las imágenes del teléfono para no dejar evidencia de la infidelidad.
El abogado defensor de Stanley pidió al juez del Juzgado de Instrucción cambiar el delito de homicidio agravado tentado por el de lesiones, para que el imputado conciliara con Miguel y que este recibiera dinero por las lesiones; sin embargo, el marido presuntamente engañado no quiso, y decidió continuar con el caso para que se haga justicia.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
