Judicial
Su mujer le era infiel y todavía lo quiso matar por cacharla con el amante
Jacqueline Iveth L., junto a su amante Elkys Stanley V., intentaron atropellar a la pareja de ella (Miguel M.) después de que este descubrió la infidelidad.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) el intento de homicidio ocurrió el 25 de enero de 2022 en la urbanización Sierra Morena, de Soyapango; la denuncia de Miguel M., fue interpuesta hasta mediados de febrero.
En la denuncia consta que Miguel sospechaba que Jacqueline le era infiel con otro hombre por lo que el martes 25 de enero se armó de valor para aclarar esa situación al seguirla después de que ella saliera de la casa rumbo a su trabajo.
La mujer abordó un pick up que era conducido por Stanley y eso hizo entrar en celos a la víctima, quien observaba la escena desde un lugar cercano.
Miguel comenzó a tomarles fotografías para sustentar la infidelidad de su compañera de vida, pero ambos se dieron cuenta de que habían sido fotografiados.
Momentos después, Miguel se bajó de su motocicleta para realizar una llamada y fue cuando, según la denuncia, Stanley intentó arrollarlo con el pick up. Jacqueline se bajó del vehículo y corrió a donde estaba su pareja inconsciente en el suelo para quitarle el celular y borrar las fotografías que les había hecho.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades y la Policía detuvo a la mujer junto a su amante al ser acusados de homicidio agravado tentado y de encubrimiento.
Ambos enfrentaron la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Soyapango, en donde el juez envió a juicio a Stanley al ser acusado de homicidio agravado en grado de tentativa; a ella se le autorizó la suspensión condicional del procedimiento después de haber aceptado el delito de encubrimiento.
Jacqueline tendrá que mejorar su conducta por el plazo de un año; además, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
La Fiscalía presentó en la audiencia las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instaladas en el lugar en las que muestran que el hechor intentó arrollar a la víctima, mientras que la mujer pretendió borrar las imágenes del teléfono para no dejar evidencia de la infidelidad.
El abogado defensor de Stanley pidió al juez del Juzgado de Instrucción cambiar el delito de homicidio agravado tentado por el de lesiones, para que el imputado conciliara con Miguel y que este recibiera dinero por las lesiones; sin embargo, el marido presuntamente engañado no quiso, y decidió continuar con el caso para que se haga justicia.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
