Judicial
Su mujer le era infiel y todavía lo quiso matar por cacharla con el amante
Jacqueline Iveth L., junto a su amante Elkys Stanley V., intentaron atropellar a la pareja de ella (Miguel M.) después de que este descubrió la infidelidad.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) el intento de homicidio ocurrió el 25 de enero de 2022 en la urbanización Sierra Morena, de Soyapango; la denuncia de Miguel M., fue interpuesta hasta mediados de febrero.
En la denuncia consta que Miguel sospechaba que Jacqueline le era infiel con otro hombre por lo que el martes 25 de enero se armó de valor para aclarar esa situación al seguirla después de que ella saliera de la casa rumbo a su trabajo.
La mujer abordó un pick up que era conducido por Stanley y eso hizo entrar en celos a la víctima, quien observaba la escena desde un lugar cercano.
Miguel comenzó a tomarles fotografías para sustentar la infidelidad de su compañera de vida, pero ambos se dieron cuenta de que habían sido fotografiados.
Momentos después, Miguel se bajó de su motocicleta para realizar una llamada y fue cuando, según la denuncia, Stanley intentó arrollarlo con el pick up. Jacqueline se bajó del vehículo y corrió a donde estaba su pareja inconsciente en el suelo para quitarle el celular y borrar las fotografías que les había hecho.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades y la Policía detuvo a la mujer junto a su amante al ser acusados de homicidio agravado tentado y de encubrimiento.
Ambos enfrentaron la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de Soyapango, en donde el juez envió a juicio a Stanley al ser acusado de homicidio agravado en grado de tentativa; a ella se le autorizó la suspensión condicional del procedimiento después de haber aceptado el delito de encubrimiento.
Jacqueline tendrá que mejorar su conducta por el plazo de un año; además, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin previo aviso del juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.
La Fiscalía presentó en la audiencia las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia instaladas en el lugar en las que muestran que el hechor intentó arrollar a la víctima, mientras que la mujer pretendió borrar las imágenes del teléfono para no dejar evidencia de la infidelidad.
El abogado defensor de Stanley pidió al juez del Juzgado de Instrucción cambiar el delito de homicidio agravado tentado por el de lesiones, para que el imputado conciliara con Miguel y que este recibiera dinero por las lesiones; sin embargo, el marido presuntamente engañado no quiso, y decidió continuar con el caso para que se haga justicia.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
