Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.

Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.

También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.

Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.

Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.

En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.

La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.

El pandillero prófugo, Julio César Martínez Ortiz, alias «Rizos», fue condenado a 45 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, así como proposición y conspiración en homicidio agravado.

En la investigación presentada ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, trascendió que el pandillero es miembro de la estructura Silent Danger Locos Salvatruchos, una célula que dependía de la organización criminal que giraba instrucciones delictivas desde el centro de San Salvador.

Martínez Ortiz, por años se había arraigado en el distrito de Panchimalco, del municipio de San Salvador Sur, junto a otros terroristas estuvo cometiendo una serie de delitos.

En la acusación judicial, el ministerio público expuso que entre los hechos investigados se encuentra el homicidio agravado de una víctima quien fue interceptada, interrogada y luego asesinaron por tener «apariencia» de un pandillero de la 18.

«Rizos», consumó ese crimen junto a otros pandilleros, en Panchimalco, según lo probó la Fiscalía con testimonios y otras evidencias que el tribunal consideró darles validez.

El tribunal efectuó el juicio en contra del marero quien no está detenido, pero aplicó las reformas al Código Procesal Penal reformado por la Asamblea Legislativa en el 2023.

Esa enmienda faculta a los jueces realizar audiencia preliminar y vista pública a personas prófugas. Antes, una persona podía ser acusada en la fase inicial como ausente, pero si una vez vencía el plazo de instrucción y no llegaban a la audiencia preliminar, el expediente no podía avanzar y debía archivarse hasta que el imputado fuera detenido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal.

«Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial» en todo el mundo, publicó Trump en su red Truth Social.

Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) enfrentan una intensa oposición política y legal.

Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.

Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de la tecnología.

«Estamos superando a TODOS LOS PAÍSES en este momento en la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos actores negativos, involucrados en las REGLAS y el PROCESO DE APROBACIÓN», escribió Trump en su publicación.

« »¡NO PUEDE HABER DUDA SOBRE ESTO! ¡LA IA SERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA! Estaré emitiendo una Orden Ejecutiva de UNA REGLA (para todo el país, ndlr) esta semana», advirtió.

Los sondeos indican que la preocupación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral está creciendo, en especial entre los jóvenes, que temen que las oportunidades de trabajo vayan a reducirse.

Trump habría creado ya un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado a denunciar ante la justicia las leyes estatales sobre IA, según un borrador de esa orden presidencial revelado el mes pasado por el sitio web The Hill.

Ante las restricciones de algunos estados, Trump estudia limitarles el acceso a fondos federales para desarrollar el acceso a internet de banda ancha.

La idea de cortar la iniciativa de los estados es alentada por el consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, David Sacks, con el apoyo de los mayores actores del sector, como el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

«La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que Estados Unidos avance en la tecnología de inteligencia artificial lo más rápido posible», dijo Huang a periodistas durante una audiencia en el Congreso estadounidense la semana pasada.

Los líderes de la industria se quejan de que hay más de 1.000 proyectos de ley sobre la IA actualmente en los Congresos estatales.