Judicial
Presentan acusación contra Neto Muyshondt por apropiación indebida de tributaciones
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador el dictamen de acusación contra del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien está recluido en el penal de Mariona por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Muyshondt, quien se mantiene en prisión tras un proceso penal que la FGR le inició en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador desde el 15 de junio del año 2021, junto a él, también son acusados el extesorero de la alcaldía de capitalina, Fernando Portillo Linares y Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna.
De acuerdo con la institución los tres imputados son señalados por el ministerio público de haberse apropiado indebidamente de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, lo que al sumarle la multa correspondiente y los intereses ascienden a un total de $571,258.
Según la institución las investigaciones del caso dieron inicio luego de indagar el caso sobre un aviso que fue presentado por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en donde se habría informado que durante una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, se detectó que se había retenido el monto anteriormente mencionado en concepto de renta por $275,145, y que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
Durante la presentación del dictamen de acusación una de las fiscales del caso aseguró que “el ministerio público fiscal cuenta con suficientes elementos tanto de carácter documental, testimonial como pericial para robustecer el dictamen de acusación que ahora se presenta», dijo una de las fiscales al momento de presentar la investigación final del proceso”.
Entretanto el exalcalde capitalino también mantiene un proceso penal vigente en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, donde se le acusa por su vinculación con agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que mientras fungió habría llevado a cabo negociaciones con grupos delincuenciales.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
