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Judicial

Presentan acusación contra Neto Muyshondt por apropiación indebida de tributaciones

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La Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador el dictamen de acusación contra del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien está recluido en el penal de Mariona por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.

Muyshondt, quien se mantiene en prisión tras un proceso penal que la FGR le inició en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador desde el 15 de junio del año 2021, junto a él, también son acusados el extesorero de la alcaldía de capitalina, Fernando Portillo Linares y Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna.

De acuerdo con la institución los tres imputados son señalados por el ministerio público de haberse apropiado indebidamente de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, lo que al sumarle la multa correspondiente y los intereses ascienden a un total de $571,258.

Según la institución las investigaciones del caso dieron inicio luego de indagar el caso sobre un aviso que fue presentado por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en donde se habría informado que durante una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, se detectó que se había retenido el monto anteriormente mencionado en concepto de renta por $275,145, y que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.

Durante la presentación del dictamen de acusación una de las fiscales del caso aseguró que “el ministerio público fiscal cuenta con suficientes elementos tanto de carácter documental, testimonial como pericial para robustecer el dictamen de acusación que ahora se presenta», dijo una de las fiscales al momento de presentar la investigación final del proceso”.

Entretanto el exalcalde capitalino también mantiene un proceso penal vigente en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, donde se le acusa por su vinculación con agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que mientras fungió habría llevado a cabo negociaciones con grupos delincuenciales.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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