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PNC y FAES ganan confianza de los salvadoreños por garantizar la seguridad
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada llevan a cabo su misión constitucional apegados al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de respeto a los derechos humanos, según la opinión de los salvadoreños reflejada en la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El régimen de excepción, que refuerza la estrategia de seguridad pública Plan Control Territorial, del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cuenta con el apoyo de soldados que junto con policías desarrollan tareas de seguridad y acompañamiento en todo el territorio nacional.
Los encuestados por el Iudop-UCA respondieron tres preguntas relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad: sobre si durante 2023 estuvieron expuestos a abuso policial o militar, si recibieron amenazas de aplicarles el régimen de excepción o si fueron detenidos injustificadamente.
El 98.4 % de los salvadoreños aseguró que no recibió maltrato físico ni fue golpeado por un agente policial, el 93.5 % afirmó no haber recibido maltrato verbal o insulto por parte de los agentes, mientras que el 83.9 % respondió no haber visto a policías maltratar físicamente a otra persona.
Según el mismo sondeo, el 98 % de los consultados dijo que no fue maltratado verbalmente ni recibió insulto de soldados durante el año pasado, el 99.2 % respondió que ningún soldado lo maltrató físicamente o lo golpeó, y el 88.2 % aseguró no haber visto a soldados maltratando físicamente a otra persona.
Asimismo, en los resultados de la encuesta del Iudop-UCA se consignó que el 93.9 % de la población expresó que durante el año recién pasado ni policías ni soldados le amenazó con aplicar el régimen de excepción o detenerlo injustificadamente.
Solo el 6.1 % opinó lo contrario.
La encuesta universitaria tuvo como objetivo evaluar la situación del país en 2023. Fue hecha del 9 al 22 de diciembre último a 1,280 personas a escala nacional, con un nivel de confianza de 95 %.
De acuerdo con la evaluación, los salvadoreños otorgaron una nota de 8.02 al trabajo de la Fuerza Armada, mientras que la Policía recibió una calificación de 7.84.
«Mientras más segura o muy segura se siente la gente en el país, y mientras más opine que la inseguridad disminuyó, es mejor la opinión y la confianza que tienen [los salvadoreños] con respecto a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil [PNC]», comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, al referirse a la ponderación que reciben la institución policial y la castrense.
Estos resultados, obtenidos de un estudio llevado a cabo por una institución académica crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, contrasta el discurso de la oposición política y organismos afines, que afirman que las fuerzas de seguridad tienen mala evaluación por parte de la población debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con la aplicación del régimen de excepción.
La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta «chemsex», consumo de drogas con fines sexuales, la noche anterior en Lille, en el norte de Francia, según la fiscalía local.
El padre del niño lo «puso en contacto con hombres adultos» y sufrió esa noche «violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas», indicó el ministerio público en un comunicado.
La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen «violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos».
Diez hombres fueron imputados, en una fecha no especificada.
El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.
Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.
El padre del niño, por su parte, fue imputado por «agresión sexual incestuosa» y «complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo», según esta fuente.
El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.
La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, aseguró que en su gobierno «nunca» permitirá el «autoritarismo», en su primer discurso tras ganar las elecciones de este domingo.
Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chaves, es acusada por sus adversarios de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.
«Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca» el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» que «nadie quiere» en Costa Rica, expresó entre vítores de sus seguidores en un hotel de la capital.
La politóloga de 39 años criticó que sus rivales «apostaron al discurso del autoritarismo y la dictadura» en la campaña electoral. «Intentaron meterles miedo, pero los electores no cayeron en la trampa», afirmó.
Sin precisar, Fernández aseguró que, no obstante, cambiarán las «reglas del juego político» en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina.
«El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible», manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.
Fernández obtuvo el 48.5 % de los votos, casi nueve puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 88 % del escrutinio difundido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Aunque su campaña la centró en prometer una política de seguridad inspirada en la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la futura mandataria no mencionó en su discurso el combate al narcotráfico, principal preocupación de los costarricenses.
La autodenominada «candidata de la continuidad» promete aumentar las penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas, como el que rige en todo El Salvador, así también concluir el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) -ubicado en La Reforma, Alajuela-, inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El mandatario salvadoreño fue de los primeros en felicitarla vía telefónica. «Le deseo el mayor de los éxitos», escribió además en su cuenta oficial de X.
«Puede estar seguro de que (…) la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades», dijo a Bukele en un video de propaganda electoral.
Fernández se convertirá en la segunda mujer que gobierne Costa Rica (uno de los países más estables de la región, pero últimamente flagelado por la violencia), tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
El segundo al mando de la mara Barrio 18 de Guatemala, Carlos Agustín Reyes Popol, alias «Bufón» o «Joker», compareció el pasado domingo, ante el Tribunal de Turno por los delitos de evasión, trata de personas en su modalidad de reclutamiento y portación ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia inicial lanzó reveladoras declaraciones donde el terrorista afirmó que se pagó una suma millonaria a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para que les ayudarán a fugarse, consignaron diversos medios locales.
Entre las facilidades otorgadas para el escape se encontraban la dotación de uniformes policiales para pasar desapercibidos, la movilización desde la cárcel en autos particulares, y que el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, coordinó el escape, dijo el marero.
El imputado es parte de un grupo de 20 reos que se fugaron el 2 de octubre de 2025 del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y que fue recapturado el 30 de enero pasado en San Pedro Ayampuc, al norte de la ciudad de Guatemala, acompañado de menores de edad y de varias armas de fuego.
