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Panamá niega salvoconducto al expresidente Martinelli, quien busca salir a Nicaragua

El gobierno de Panamá rechazó este viernes una solicitud de salvoconducto para la salida del territorio al expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, quien pretendía exiliarse en Nicaragua, luego de haber solicitado asilo político.
Martinelli, quien se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá alegando razones políticas y una supuesta persecución en su contra, buscaba viajar a Managua, según una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“La solicitud de salvoconducto para la salida de la República de Panamá del señor Ricardo Martinelli, ha sido denegada en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933”, reza el comunicado del gobierno de Panamá.
El comunicado de la cartera de Relaciones Exteriores de Panamá también hizo un recordatorio a la embajada de Nicaragua de “garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve sus funciones que está llamada a cumplir”.
De igual forma subrayó que toda declaración que emita el expresidente Martinelli desde la sede diplomática nicaragüense y “repercuta en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos” del país y, por tanto, generará “consecuencias diplomáticas”.
Horas antes de conocerse la decisión de la Cancillería, Martinelli recibió a su hijo Luis Enrique Martinelli Linares en la embajada de Nicaragua en la Ciudad e Panamá, donde se encuentra asilado desde hace dos días.
Martinelli Linares llegó a visitar a su padre junto a Luis Eduardo Camacho, portavoz de la familia, quien afirmó que «si en Panamá se respetaran las garantías procesales, nadie tendría que salir del país».
«Lamentablemente, en Panamá no existe la justicia», concluyó el jurista.
El gobierno de Nicaragua otorgó el miércoles asilo a Martinelli, condenado a más de 128 meses de prisión, luego de que el mandatario se declaró «perseguido por razones políticas» y que su vida supuestamente se encontraba en riesgo.
Martinelli compareció un día después en CNN alegando que en Panamá “había una dictadura” y que era perseguido político por aspirar a la presidencia.
Martinelli es el tercer exmandatario centroamericano que cuenta con la protección del Estado de Nicaragua.
Los dos primeros son los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos nacionalizados nicaragüenses, pese a que la justicia de su país los ha requerido en múltiples ocasiones.
“La dictadura Ortega Murillo concedió asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien fue acusado bajo las reglas del debido proceso y condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, demostrando una vez más su decisión de transformar a Nicaragua en un refugio para ladrones, corruptos, asesinos y narcotraficantes”, señaló la agrupación opositora Monteverde en un comunicado.
La organización política dijo que «la corrupción y el blanqueo de capitales son graves delitos que están socavando la integridad, democracia, institucionalidad y el desarrollo económico de los pueblos centroamericanos».
«Es por ello que todos los centroamericanos debemos enfrentar y condenar estas prácticas con valentía”, argumentó el grupo opositor.
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Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína

Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
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¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
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Presidente de Colombia prohíbe la entrada a la fiscal general de Guatemala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.