Diferentes instituciones de la sociedad civil marcharon este domingo para denunciar las muertes de inocentes durante el régimen de excepción, el alto costo de la vida y la investigación del polémico caso Cosavi.

Wilfredo Berríos, miembro del Frente Social y Sindical, dijo que marchan como desapruebo a los desalojos en el centro histórico de San Salvador, y el despido de los médicos en el último año.

La pobreza, mejora en los niveles de educación y salud, fueron otras de las razones que sacaron a la calle a decenas de salvadoreños, algunos con camisetas de partidos políticos como el FMLN, o personas que habían externo su molestia con la situación del país.

«El objetivo principal es pedir justicia social, ante este desgobierno de la familia Bukele y empresarios en el cual toda crítica, aunque sea constructiva, sino va de cara a su desgobierno, significa cárcel, significa muerte», indicó Berríos.

Los sindicatos y organizaciones marcharon desde los alrededores del hospital Rosales, sobre la alameda Juan Pablo II, hasta el centro de San Salvador, en la plaza Libertad.

Ivania Cruz, abogada y vocera de UNIDEHC, aseguró que el país ha retrocedido en el cumplimiento de la ley y de la «institucionalidad del país». «Nuestra indignación no solo la hacemos a nivel jurídico legal porque hemos puesto a prueba el sistema, hemos presentado las pruebas, tenemos las víctimas y eso nos ha permitido crecer como organización», añadió.

El Socorro Jurídico Humanitario aseguró que no existe independencia en El Salvador por las acciones inconstitucionales que el gobierno ha realizado.

«Sus medidas (las del gobierno) le han costado a este país más de 30,000 personas que siendo inocentes están siendo procesadas en centros penales, más de 300 víctimas mortales y cuatro bebés, que son infanticidio», dijo la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar.

Escobar explicó que estos cuatro bebés fallecieron por enfermedades en centros penales que no fueron tratados. El Socorro atiende a uno de estos casos por el que asegura que colocarán una medida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este año también se sumó a la marcha un grupo de personas afectadas con el desfalco de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI). Juan José Ortiz, parte del grupo perjudicado, hizo un llamado al gobierno a buscar «una salida» al problema que afecta a más de 10,000 miembros de la cooperativa.

El grupo de afectados lamentó lo ocurrido el domingo 8 de septiembre, cuando un accidente aéreo provocó la caída de las autoridades policiales, militares, un periodista y el gerente de Cosavi, Manuel Coto.