Judicial
Más de $177,000 en bienes de dos mujeres prestamistas pasan al Estado
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que pasen al Estado, cuatro inmuebles, tres vehículos y $91,401 decomisados a dos prestamistas de Sonsonate procesadas por casos especiales de lavado de dinero.
Los bienes eran propiedad de María Cordero de 75 años quien estuvo meses en prisión por lavar dinero, pero en un procedimiento abreviado fue condenada y al salir de prisión se compró dos terrenos de $20,000 cada uno, según se dijo en la audiencia de sentencia.
Su hija, Sandra Portillo Cordero también era parte del proceso, pero al final solo su madre terminó con el litigio, ya que fue asesinada en un caso que en su momento la Fiscala calificó como feminicidio.
Un abogado dijo que Sandra estaba siendo extorsionada y le habían exigido $15,000, el ministerio público ha dicho que ella tenía vínculos con un sujeto de pandillas quien también era buscado por extorsión.
Este expediente de extinción de dominio inicia el 7 de septiembre de 2017, cuando fue allanada la vivienda de las dos mujeres en el municipio de Sonzacate, Sonsonate, donde le decomisaron a María Cordero $91,401. Después las autoridades incautaron los tres vehículos y los inmuebles a nombre de ambas.
Según el ministerio público los bienes estaban vinculados a grupos de pandillas ya que Sandra Cordero, mantenía amistad con un integrante de la mara salvatrucha. En el proceso no pudieron respaldar el origen de los bienes con una fuente lícita.
En la resolución del juez se estableció que la abundante prueba presentada por el ministerio público, entre la que hubo testimonios, documentos y una investigación patrimonial, acreditó que las mujeres se hicieron de bienes de origen desconocido.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
