Judicial
Más de $177,000 en bienes de dos mujeres prestamistas pasan al Estado
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que pasen al Estado, cuatro inmuebles, tres vehículos y $91,401 decomisados a dos prestamistas de Sonsonate procesadas por casos especiales de lavado de dinero.
Los bienes eran propiedad de María Cordero de 75 años quien estuvo meses en prisión por lavar dinero, pero en un procedimiento abreviado fue condenada y al salir de prisión se compró dos terrenos de $20,000 cada uno, según se dijo en la audiencia de sentencia.
Su hija, Sandra Portillo Cordero también era parte del proceso, pero al final solo su madre terminó con el litigio, ya que fue asesinada en un caso que en su momento la Fiscala calificó como feminicidio.
Un abogado dijo que Sandra estaba siendo extorsionada y le habían exigido $15,000, el ministerio público ha dicho que ella tenía vínculos con un sujeto de pandillas quien también era buscado por extorsión.
Este expediente de extinción de dominio inicia el 7 de septiembre de 2017, cuando fue allanada la vivienda de las dos mujeres en el municipio de Sonzacate, Sonsonate, donde le decomisaron a María Cordero $91,401. Después las autoridades incautaron los tres vehículos y los inmuebles a nombre de ambas.
Según el ministerio público los bienes estaban vinculados a grupos de pandillas ya que Sandra Cordero, mantenía amistad con un integrante de la mara salvatrucha. En el proceso no pudieron respaldar el origen de los bienes con una fuente lícita.
En la resolución del juez se estableció que la abundante prueba presentada por el ministerio público, entre la que hubo testimonios, documentos y una investigación patrimonial, acreditó que las mujeres se hicieron de bienes de origen desconocido.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
