Judicial
Más de $177,000 en bienes de dos mujeres prestamistas pasan al Estado
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que pasen al Estado, cuatro inmuebles, tres vehículos y $91,401 decomisados a dos prestamistas de Sonsonate procesadas por casos especiales de lavado de dinero.
Los bienes eran propiedad de María Cordero de 75 años quien estuvo meses en prisión por lavar dinero, pero en un procedimiento abreviado fue condenada y al salir de prisión se compró dos terrenos de $20,000 cada uno, según se dijo en la audiencia de sentencia.
Su hija, Sandra Portillo Cordero también era parte del proceso, pero al final solo su madre terminó con el litigio, ya que fue asesinada en un caso que en su momento la Fiscala calificó como feminicidio.
Un abogado dijo que Sandra estaba siendo extorsionada y le habían exigido $15,000, el ministerio público ha dicho que ella tenía vínculos con un sujeto de pandillas quien también era buscado por extorsión.
Este expediente de extinción de dominio inicia el 7 de septiembre de 2017, cuando fue allanada la vivienda de las dos mujeres en el municipio de Sonzacate, Sonsonate, donde le decomisaron a María Cordero $91,401. Después las autoridades incautaron los tres vehículos y los inmuebles a nombre de ambas.
Según el ministerio público los bienes estaban vinculados a grupos de pandillas ya que Sandra Cordero, mantenía amistad con un integrante de la mara salvatrucha. En el proceso no pudieron respaldar el origen de los bienes con una fuente lícita.
En la resolución del juez se estableció que la abundante prueba presentada por el ministerio público, entre la que hubo testimonios, documentos y una investigación patrimonial, acreditó que las mujeres se hicieron de bienes de origen desconocido.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
