Internacionales
Israel advierte que Gaza no tendrá, electricidad, agua y combustible hasta que Hamás libere a los rehenes
El ministro de Energía israelí, Israel Katz, ha defendido este jueves que “no habrá electricidad o agua” en la Franja de Gaza hasta que los rehenes capturados por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, tras su ofensiva del sábado sean puestos en libertad.
“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No habrá electricidad, agua potable o combustible hasta que los secuestrados en Israel puedan volver a casa”, ha aseverado Katz en un mensaje difundido a través de X, antes conocida como Twitter. Así, ha recalcado que el “humanitarismo es para el humanitarismo” y ha especificado que “nadie puede enseñar moralidad” a Israel.
Se estima que unas 150 personas fueron secuestradas por el grupo terrorista palestino y llevadas a la Franja de Gaza durante la incursión que tuvo lugar el sábado y que se ha saldado con más de 1.300 muertos en Israel.
El Ejército israelí ha indicado este mismo jueves que ya son 81 las familias que han tenido que ser notificadas del secuestro de sus familiares a manos de Hamás, si bien los milicianos apuntan a unos 130 rehenes.
“Somos conscientes de que existe incertidumbre pero tratamos de entender lo que pasa sobre el terreno y debemos ser precisos a la hora de informar”, ha aseverado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
El objetivo del ejército israelí, en el sexto día de la guerra desatada por la ofensiva de Hamas, es la “liquidación” del gobierno del movimiento islamista palestino en la Franja de Gaza, afirmó el jueves un portavoz militar.
“En este preciso instante nos estamos concentrando en sus altos dirigentes, no sólo el mando militar, sino también sus responsables gubernamentales hasta (Yahya) Sinuar”, el líder de Hamas en Gaza, indicó el teniente coronel israelí Richard Hecht. “Están directamente implicados” en el ataque del sábado en suelo israelí, afirmó el portavoz.
Israel ha notificado a sus familias la identidad de 97 secuestrados por el movimiento terrorista Hamas en la Franja de Gaza, confirmó este jueves el portavoz del Ejército, Daniel Hagari.
Hamas y la Yihad Islámica aseguran tener unos 130 rehenes entre ambos grupos, aunque algunas estimaciones israelíes elevan la cifra a unos 200.
Hagari también informó que han sido notificadas las familias de 222 soldados muertos en combate desde que empezó el sábado la guerra contra los terroristas palestinos de Gaza, aunque la cifra de uniformados fallecidos se estima mucho mayor entre los más de 1.300 israelíes muertos.
“Queridas familias, incluso durante los combates, estamos haciendo tres esfuerzos principales: el esfuerzo operativo de inteligencia, por formular un diagnóstico de la situación de los cautivos y desaparecidos, y por ayudar a sus familias”, afirmó hoy en un comunicado el general de brigada Gal Hirsch, nombrado por el gobierno Coordinador para cautivos y desaparecidos.
El coordinador indicó que las búsquedas sobre el terreno continúan, así como el difícil trabajo de la identificación de los cadáveres.
“Muchos de los heridos están siendo tratados en el hospital y estamos investigando cada dato que pueda ayudarnos a localizar a los desaparecidos”, señaló.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
