La Asamblea Legislativa prorrogó este martes, con 56 votos, el decreto 774 que contiene disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.

El decreto fue aprobado en junio de 2023 y sus efectos caducarán el próximo 18 de enero. Ante ello, los parlamentarios acordaron dar un plazo de 18 meses a los propietarios de las unidades de transporte colectivo para sustituir los automotores que sobrepasen los 20 años de antigüedad.

Además, deberán renovar en la Dirección General de Transporte Terrestre los contratos de concesión y refrendas de tarjetas de circulación vencidas o que caducaron entre 2019 y 2023.

Según el artículo 110 de la Constitución de la República, corresponde al Estado regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas. El Viceministerio de Transporte debe vigilar que los servicios públicos se presten de forma permanente y eficientemente, orientándolos a la satisfacción de movilidad de la población.

El diputado Salvador Chacón explicó que la prórroga del decreto busca que los transportistas se pongan al día con estos trámites, para garantizar un buen servicio de transporte público a la población.

“Esta propuesta busca que los transportistas puedan ponerse al día con el tema de sustituciones, permisos y cambios de concesionarios, para que puedan darle continuidad al servicio de la población y evitar que los salvadoreños resulten afectados”, afirmó el legislador.

Un miembro de la pandilla MS-13 en Nueva York se declaró culpable el martes de crimen organizado y otros cargos federales en un caso que involucra siete asesinatos, incluidos los de dos chicas de secundaria, que centraron la atención de la nación en la violenta pandilla callejera centroamericana.

Jairo Saenz, de 28 años, presentó su declaración en el tribunal federal en Central Islip en una audiencia a la que asistieron miembros de su familia y algunas familias de las víctimas.

En la audiencia, Saenz admitió que cometió los crímenes y que sabía que estaban mal después de que su abogado leyera el relato de los asesinatos en Long Island, justo al este de la ciudad de Nueva York.

Saenz, originario de El Salvador, será sentenciado el 13 de junio y enfrenta de 40 a 60 años de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad aprobado por el juez.Traditional Salvadoran cuisine

Los hermanos han admitido que ordenaron o aprobaron los asesinatos de rivales y otros que faltaron el respeto o tuvieron conflictos con la célula, a fin de ascender en la jerarquía del grupo y fortalecer su reputación.

La familia y los abogados de Saenz no hicieron comentarios fuera del tribunal, pero los padres de dos de las víctimas dijeron que deseaban que se le hubiera impuesto una sentencia de cadena perpetua.

“Fue algo de justicia, pero no lo que yo quería”, expresó George Johnson, padre de Michael Johnson, de 29 años, quien fue golpeado y asesinado a puñaladas en Brentwood en 2016. “Al menos no está en la calle para lastimar a nadie más”.

Elizabeth Alvarado lamentó que su hija, Nisa Mickens, estuviera a solo un día de cumplir 16 años cuando sufrió un destino similar en septiembre de 2016.

“Eso realmente dolió porque ella tenía muchos sueños”, aseguró su madre fuera del tribunal. “Quería ser veterinaria. Quería ser enfermera como yo y su padre. Hay tantas cosas que me estoy perdiendo”.

Mickens y Kayla Cuevas, de 16 años, habían sido amigas de toda la vida y compañeras de clase en Brentwood High School cuando fueron asesinadas con un machete y un bate de béisbol por un grupo de jóvenes y adolescentes que las habían seguido en un coche.

La fiscal Carolyn Pokorny indicó en un comunicado que Saenz participó en “múltiples actos bárbaros de violencia de pandillas sin sentido que habían convertido partes de Long Island en una zona de guerra”. Aseveró que miembros de la pandilla MS-13 “empuñaron armas, machetes, bates y fuego” en su reino de terror.

“Es mi sincera esperanza que la declaración de culpabilidad de hoy brinde algún grado de consuelo y cierre a las familias de las víctimas del acusado que continúan lamentando la muerte de sus seres queridos”, agregó.

El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, pidió la pena de muerte para Saenz y otros arrestados en los asesinatos y atribuyó la violencia a las políticas de inmigración laxas, mientras realizaba varias visitas a Long Island.

Otras víctimas en el caso incluyeron a Javier Castillo, un joven de 15 años con quien los miembros de la pandilla se hicieron amigos antes de llevarlo a un parque aislado y atacarlo con machetes.

Otra víctima, Oscar Acosta, de 19 años, fue encontrado muerto en un área boscosa cerca de unas ferrovías cinco meses después de salir de casa para jugar al fútbol.

Las víctimas mayores incluyeron a Esteban Alvarado-Bonilla, de 29 años, quien fue asesinado por un pistolero dentro de una tienda de delicatessen en Central Islip a principios de 2017 y Dewann Stacks, de 34 años, quien fue emboscado y asesinado a golpes mientras caminaba por una carretera en Brentwood.

Saenz también se declaró culpable el martes de su participación en tres intentos de asesinato; incendio provocado; tráfico de narcóticos; delitos de armas de fuego; y una conspiración para matar a Marcus Bohannon, quien fue asesinado por otros miembros de MS-13 en 2016.

Los fiscales han dicho que él era el segundo al mando en una célula de la pandilla que operaba en Brentwood y Central Islip conocida como Sailors Locos Salvatruchas Westside. Su hermano, Alexi Saenz, líder de la célula, previamente se declaró culpable de cargos similares y será sentenciado en los próximos días.

Con 56 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la derogación de la Ley del Fondo de Apoyo Municipal para Atender Proyectos, Actividades Sociales o de Servicios de los Municipios, debido a que los motivos que sustentaban la creación de referida normativa ya no responde a las justificaciones que generaron su emisión, argumentaron diputados del oficialismo.

Cabe recordar que anteriormente el país estaba distribuido en 262 municipios, pero desde junio de 2023 se contemplan solo 44, tras haber sido aprobada la Ley Especial para la Restructuración Municipal.

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria de este martes, la normativa fue creada mediante el decreto legislativo 477, de fecha 16 de agosto de 2022, y asignaba $50 millones anuales a las alcaldías con poblaciones más pequeñas.

El propósito de la referida ley era el de apoyar, de forma complementaria, a aquellos municipios con recursos que serían utilizado para el pago de servicios básicos, como la recolección de desechos, alumbrado eléctrico, entre otros.

También se comunicó en el pleno que los fondos fueron utilizados en su momento para brindar becas, para respaldar el desarrollo de proyectos de emprendimientos, planes dirigidos al sector femenino y a la juventud, para programas dirigidos al adulto mayor y otros relacionados a la mejora de los grupos sociales del país.

Ante la derogación del articulado, se faculta al Ministerio de Hacienda a emitir las disposiciones necesarias e indispensables orientadas a verificar la transferencia del fondo de apoyo municipal a las arcas del Estado.