Judicial
FGR busca que «Chelona» Rodríguez solvente deuda por caso de enriquecimiento ilícito
Miembros de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron, el viernes, ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla un documento donde exigen que esta instancia ejecute de manera forzosa la sentencia contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la sentencia emitida por la misma instancia a la que recurrió la FGR, exoneró a Rodríguez y su esposa del cargo de enriquecimiento ilícito, ya que la misma fiscalía no logró comprobar la procedencia de los fondos que se señalaban que se habían sido apropiado indebidamente. Sin embargo, la Cámara en la sentencia habría establecido, que el expresidente del INDES debía de pagar US$ 30 mil 367.67 en concepto de responsabilidad civil.
El caso procede desde 2017, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enviar a un juicio civil especial por enriquecimiento ilícito a Rodríguez, luego de que la Sección de Probidad señalara que el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de $157 mil y su esposa por $26 mil. Finalmente y luego de un largo proceso, el caso fue caso solventado el 10 de noviembre de 2019, con la resolución antes descrita.
En la resolución dada por la Cámara en esa ocasión, se detalla que la Fiscalía General de la República no incluyó en la acusación 65 viajes turísticos que se habrían realizado. La parte fiscal tenía 20 días para hacer las diligencias y no se llevaron a cabo. Algunos de los destinos a los que viajó Rodríguez fueron: Suiza, Taiwán, España, Aruba, Perú, Argentina y Paises Bajos. En algunos de estos el exfuncionario fue acompañado por su esposa, quien reportó un total de 12 salidas entre 2009 y 2016, entre ellas un viaje a las islas del pacífico Wallis y Futuna, en septiembre de 2014.
Por lo tanto, La Chelona quien fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes, desde 2009 hasta 2014, no ha pagado de forma voluntaria el dinero por lo cual buscan que lo haga de manera forzosa.
«Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) determinó de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que él presentó ciertas irregularidades, que fueron ocho. Todas estas tenían un concepto de depósitos en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito. Al no haber podido justificar el proceso de enriquecimiento ilícito y sobre la prueba que presentó la Fiscalía fue condenado por la Sala de lo Civil a pagar, por no haber justificado la procedencia de estos fondos», explicó el representante fiscal.
Fiscalía asegura que debido a que Rodríguez no ha cumplido con el pago, la ley habilita a que el Ministerio Público pueda solicitar la ejecución forzosa y que se cobre con los bienes e inmuebles que él tenga a su nombre.
Chelona Rodríguez fue condenado a 2 años de cárcel, remplazados por trabajos de utilidad pública, debido a un traspaso ilegal de 125,000 dólares para la remodelación de estadio Las Delicias, lo que fue considerado como malversación de fondos públicos.
Parte de aquella condena también fue pagar 50 días de salario, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Este año entonces se haría efectiva esa deuda desde la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El exfuncionario no irá a prisión porque el juez ordenó la suspensión de ejecución de la pena y solo deberá cumplir reglas de conducta. Mientras la sentencia no quede en firme, Rodríguez, quien reside en EE.UU., no podrá salir del país.
Será Vigilancia Penitenciaria quien determinará las reglas de conducta a las que estaría sometido.
El juez también condenó a 16 días de multa al gerente financiero de la institución, Marcos Jacobo Menjívar, y al extesorero, José Ricardo Liévano Rodríguez por el delito de malversación de fondos.
Según La Fiscalía, “La Chelona” Rodríguez, quien presidió el INDES entre el 2009 y 2014, transfirió 125 mil dólares a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias, mediante la firma de un convenio con el Instituto sin el consentimiento de su Comité Directivo.
En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia absolvió a Rodríguez de dichos delitos. El Juez basó el fallo en que no se demostró técnicamente que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes cometiera dichos delitos.
Sin embargo, en diciembre la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anuló dicho fallo y ordenó que Rodríguez enfrentara el juicio por el cargo imputado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
