Judicial
FGR busca que «Chelona» Rodríguez solvente deuda por caso de enriquecimiento ilícito
Miembros de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron, el viernes, ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla un documento donde exigen que esta instancia ejecute de manera forzosa la sentencia contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la sentencia emitida por la misma instancia a la que recurrió la FGR, exoneró a Rodríguez y su esposa del cargo de enriquecimiento ilícito, ya que la misma fiscalía no logró comprobar la procedencia de los fondos que se señalaban que se habían sido apropiado indebidamente. Sin embargo, la Cámara en la sentencia habría establecido, que el expresidente del INDES debía de pagar US$ 30 mil 367.67 en concepto de responsabilidad civil.
El caso procede desde 2017, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enviar a un juicio civil especial por enriquecimiento ilícito a Rodríguez, luego de que la Sección de Probidad señalara que el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de $157 mil y su esposa por $26 mil. Finalmente y luego de un largo proceso, el caso fue caso solventado el 10 de noviembre de 2019, con la resolución antes descrita.
En la resolución dada por la Cámara en esa ocasión, se detalla que la Fiscalía General de la República no incluyó en la acusación 65 viajes turísticos que se habrían realizado. La parte fiscal tenía 20 días para hacer las diligencias y no se llevaron a cabo. Algunos de los destinos a los que viajó Rodríguez fueron: Suiza, Taiwán, España, Aruba, Perú, Argentina y Paises Bajos. En algunos de estos el exfuncionario fue acompañado por su esposa, quien reportó un total de 12 salidas entre 2009 y 2016, entre ellas un viaje a las islas del pacífico Wallis y Futuna, en septiembre de 2014.
Por lo tanto, La Chelona quien fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes, desde 2009 hasta 2014, no ha pagado de forma voluntaria el dinero por lo cual buscan que lo haga de manera forzosa.
«Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) determinó de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que él presentó ciertas irregularidades, que fueron ocho. Todas estas tenían un concepto de depósitos en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito. Al no haber podido justificar el proceso de enriquecimiento ilícito y sobre la prueba que presentó la Fiscalía fue condenado por la Sala de lo Civil a pagar, por no haber justificado la procedencia de estos fondos», explicó el representante fiscal.
Fiscalía asegura que debido a que Rodríguez no ha cumplido con el pago, la ley habilita a que el Ministerio Público pueda solicitar la ejecución forzosa y que se cobre con los bienes e inmuebles que él tenga a su nombre.
Chelona Rodríguez fue condenado a 2 años de cárcel, remplazados por trabajos de utilidad pública, debido a un traspaso ilegal de 125,000 dólares para la remodelación de estadio Las Delicias, lo que fue considerado como malversación de fondos públicos.
Parte de aquella condena también fue pagar 50 días de salario, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Este año entonces se haría efectiva esa deuda desde la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El exfuncionario no irá a prisión porque el juez ordenó la suspensión de ejecución de la pena y solo deberá cumplir reglas de conducta. Mientras la sentencia no quede en firme, Rodríguez, quien reside en EE.UU., no podrá salir del país.
Será Vigilancia Penitenciaria quien determinará las reglas de conducta a las que estaría sometido.
El juez también condenó a 16 días de multa al gerente financiero de la institución, Marcos Jacobo Menjívar, y al extesorero, José Ricardo Liévano Rodríguez por el delito de malversación de fondos.
Según La Fiscalía, “La Chelona” Rodríguez, quien presidió el INDES entre el 2009 y 2014, transfirió 125 mil dólares a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias, mediante la firma de un convenio con el Instituto sin el consentimiento de su Comité Directivo.
En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia absolvió a Rodríguez de dichos delitos. El Juez basó el fallo en que no se demostró técnicamente que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes cometiera dichos delitos.
Sin embargo, en diciembre la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anuló dicho fallo y ordenó que Rodríguez enfrentara el juicio por el cargo imputado.
Judicial
Alias ‘Pato’, miembro de la MS-13, seguirá preso
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.