Judicial
FGR busca que «Chelona» Rodríguez solvente deuda por caso de enriquecimiento ilícito
Miembros de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron, el viernes, ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla un documento donde exigen que esta instancia ejecute de manera forzosa la sentencia contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la sentencia emitida por la misma instancia a la que recurrió la FGR, exoneró a Rodríguez y su esposa del cargo de enriquecimiento ilícito, ya que la misma fiscalía no logró comprobar la procedencia de los fondos que se señalaban que se habían sido apropiado indebidamente. Sin embargo, la Cámara en la sentencia habría establecido, que el expresidente del INDES debía de pagar US$ 30 mil 367.67 en concepto de responsabilidad civil.
El caso procede desde 2017, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enviar a un juicio civil especial por enriquecimiento ilícito a Rodríguez, luego de que la Sección de Probidad señalara que el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de $157 mil y su esposa por $26 mil. Finalmente y luego de un largo proceso, el caso fue caso solventado el 10 de noviembre de 2019, con la resolución antes descrita.
En la resolución dada por la Cámara en esa ocasión, se detalla que la Fiscalía General de la República no incluyó en la acusación 65 viajes turísticos que se habrían realizado. La parte fiscal tenía 20 días para hacer las diligencias y no se llevaron a cabo. Algunos de los destinos a los que viajó Rodríguez fueron: Suiza, Taiwán, España, Aruba, Perú, Argentina y Paises Bajos. En algunos de estos el exfuncionario fue acompañado por su esposa, quien reportó un total de 12 salidas entre 2009 y 2016, entre ellas un viaje a las islas del pacífico Wallis y Futuna, en septiembre de 2014.
Por lo tanto, La Chelona quien fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes, desde 2009 hasta 2014, no ha pagado de forma voluntaria el dinero por lo cual buscan que lo haga de manera forzosa.
«Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) determinó de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que él presentó ciertas irregularidades, que fueron ocho. Todas estas tenían un concepto de depósitos en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito. Al no haber podido justificar el proceso de enriquecimiento ilícito y sobre la prueba que presentó la Fiscalía fue condenado por la Sala de lo Civil a pagar, por no haber justificado la procedencia de estos fondos», explicó el representante fiscal.
Fiscalía asegura que debido a que Rodríguez no ha cumplido con el pago, la ley habilita a que el Ministerio Público pueda solicitar la ejecución forzosa y que se cobre con los bienes e inmuebles que él tenga a su nombre.
Chelona Rodríguez fue condenado a 2 años de cárcel, remplazados por trabajos de utilidad pública, debido a un traspaso ilegal de 125,000 dólares para la remodelación de estadio Las Delicias, lo que fue considerado como malversación de fondos públicos.
Parte de aquella condena también fue pagar 50 días de salario, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Este año entonces se haría efectiva esa deuda desde la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El exfuncionario no irá a prisión porque el juez ordenó la suspensión de ejecución de la pena y solo deberá cumplir reglas de conducta. Mientras la sentencia no quede en firme, Rodríguez, quien reside en EE.UU., no podrá salir del país.
Será Vigilancia Penitenciaria quien determinará las reglas de conducta a las que estaría sometido.
El juez también condenó a 16 días de multa al gerente financiero de la institución, Marcos Jacobo Menjívar, y al extesorero, José Ricardo Liévano Rodríguez por el delito de malversación de fondos.
Según La Fiscalía, “La Chelona” Rodríguez, quien presidió el INDES entre el 2009 y 2014, transfirió 125 mil dólares a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias, mediante la firma de un convenio con el Instituto sin el consentimiento de su Comité Directivo.
En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia absolvió a Rodríguez de dichos delitos. El Juez basó el fallo en que no se demostró técnicamente que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes cometiera dichos delitos.
Sin embargo, en diciembre la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anuló dicho fallo y ordenó que Rodríguez enfrentara el juicio por el cargo imputado.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
