Judicial
Exdirector de escuchas Sigfredo Campos Crespo salpicado tras señalamientos del exfiscal Luis Martínez sobre “fabricación ilegal de pruebas”
Después que se frustrara la audiencia especial fijada para el 14 de noviembre del presente año, con el fin de seleccionar audios sobre escuchas telefónicas por las cuales se montó el caso contra el exfiscal general Luis Martínez, debido a que el juez de la causa decidió suspender la diligencia por existir resoluciones pendientes ante otros tribunales, incluida una petición ante la Sala de lo Constitucional en la que se discute que las escuchas son ilegales y que por consecuencia todo el proceso penal fabricado bajo dirección del exfiscal Douglas Meléndez es nulo.
Al salir de la audiencia suspendida, el exfiscal Martínez brindó declaraciones en las que acusó a los exfiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara de fabricar las pruebas, motivados por odio y venganza. “Ocultó y fabricó pruebas, en otras palabras, los tamales se van a revelar al señor Douglas Meléndez y al señor Raúl Melara que continuó con esa cultura, porque Melara conoció y solo le dio la espalda a la verdad”, afirmó Luis Martínez.
Estas declaraciones hacen recordar precisamente las acusaciones realizadas por los imputados y sus defensores en este caso acerca del uso de escuchas ilegales por parte de la Fiscalía, lo cual fue confirmado por el propio exdirector del Centro de Escuchas, Sigfredo Alcides Campos Crespo, quien ejerció el cargo entre 2012 y hasta junio de 2015 y siendo imputado por los delitos de “Intervenciones Telefónicas Ilícitas” y “Uso de Intervenciones Ilícitas” confesó en enero de 2019 que había realizado escuchas telefónicas sin cumplir con el procedimiento de ley y ocultándole la información al entonces fiscal general Luis Martínez.
Sin embargo, el exdirector del CITE -Sigfredo Campos Crespo- mintió en sus declaraciones como “testigo criteriado” de la Fiscalía afirmando que el (ex) fiscal Martínez le había ordenado no informar a ninguna Unidad de Investigación sobre el contenido de las escuchas telefónicas, lo cual queda totalmente desmentido con las propias declaraciones de Campos Crespo, demostrando que se trata de un testigo mendaz y por tanto una prueba de la falsedad sobre la cual se sustentó la acusación contra Luis Martínez y el resto de acusados.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
