Judicial
Exdirector de escuchas Sigfredo Campos Crespo salpicado tras señalamientos del exfiscal Luis Martínez sobre “fabricación ilegal de pruebas”
Después que se frustrara la audiencia especial fijada para el 14 de noviembre del presente año, con el fin de seleccionar audios sobre escuchas telefónicas por las cuales se montó el caso contra el exfiscal general Luis Martínez, debido a que el juez de la causa decidió suspender la diligencia por existir resoluciones pendientes ante otros tribunales, incluida una petición ante la Sala de lo Constitucional en la que se discute que las escuchas son ilegales y que por consecuencia todo el proceso penal fabricado bajo dirección del exfiscal Douglas Meléndez es nulo.
Al salir de la audiencia suspendida, el exfiscal Martínez brindó declaraciones en las que acusó a los exfiscales generales Douglas Meléndez y Raúl Melara de fabricar las pruebas, motivados por odio y venganza. “Ocultó y fabricó pruebas, en otras palabras, los tamales se van a revelar al señor Douglas Meléndez y al señor Raúl Melara que continuó con esa cultura, porque Melara conoció y solo le dio la espalda a la verdad”, afirmó Luis Martínez.
Estas declaraciones hacen recordar precisamente las acusaciones realizadas por los imputados y sus defensores en este caso acerca del uso de escuchas ilegales por parte de la Fiscalía, lo cual fue confirmado por el propio exdirector del Centro de Escuchas, Sigfredo Alcides Campos Crespo, quien ejerció el cargo entre 2012 y hasta junio de 2015 y siendo imputado por los delitos de “Intervenciones Telefónicas Ilícitas” y “Uso de Intervenciones Ilícitas” confesó en enero de 2019 que había realizado escuchas telefónicas sin cumplir con el procedimiento de ley y ocultándole la información al entonces fiscal general Luis Martínez.
Sin embargo, el exdirector del CITE -Sigfredo Campos Crespo- mintió en sus declaraciones como “testigo criteriado” de la Fiscalía afirmando que el (ex) fiscal Martínez le había ordenado no informar a ninguna Unidad de Investigación sobre el contenido de las escuchas telefónicas, lo cual queda totalmente desmentido con las propias declaraciones de Campos Crespo, demostrando que se trata de un testigo mendaz y por tanto una prueba de la falsedad sobre la cual se sustentó la acusación contra Luis Martínez y el resto de acusados.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
