Debido a la emergencia nacional causada por las constantes lluvias que han afectado el territorio salvadoreño, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, asueto nacional remunerado para este 18 de junio de este 2024 para el sector público y privado.

Esta iniciativa es con el fin de proteger a las familias salvadoreñas y se suma a la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, aprobada el pasado 16 de este mismo mes.

“El Salvador es un país vulnerable y desafortunadamente estas lluvias han provocado la muerte de algunos salvadoreños. Es por eso que queremos proteger y cuidar la vida de todos”, comunicó el diputado Walter Alemán.

Por las precipitación de lluvias focalizadas en todo el territorio nacional han causado derrumbes en las carreteras, inundaciones por desborde de ríos, quebradas y zonas costeras, colapso de puentes, deslizamientos, desprendimientos y deslaves, entre otros, y esto ha cobrado la vida de salvadoreños.

Es por eso que el presidente de la República, Nayib Bukele, envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que fuera aprobado el asueto nacional.

“He enviado a la Asamblea Legislativa una solicitud para que el día de mañana sea asueto nacional remunerado para el sector público y privado. De esta manera, con un solo día de asueto adicional, tendremos los 3 peores días del temporal con actividad laboral mínima (domingo + día del padre + asueto adicional)”, publicó el mandatario en la red social.

Ante esto, la parlamentaria Ana Figueroa dijo que “el llamado es que todos tomemos las medidas de prevención necesaria, porque estas condiciones climatológicas van a continuar. Tenemos un compromiso y es salvaguardar la vida de todos los salvadoreños”.

De acuerdo a las disposiciones especiales, se exceptúan de este decreto a los empleados del Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fuerza Armada, Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres e Instituto de Medicina Legal (IML), así como de las alcaldías municipales, incluyendo al personal de las unidades de recolección de desechos sólidos y al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Para salvaguardar la vida y la salud de la población, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 59 votos, la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, debido a las condiciones climatológicas que ha afectado a todo el país y a sus pobladores en general.

Ante esto, se faculta a las diferentes instituciones de gobierno para ejecutar las medidas necesarias para paliar esta situación climática, para administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.

Durante las últimas 48 horas, las lluvias registradas en el territorio salvadoreño han provocado la muerte de tres personas, según indicaron las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y de las instituciones de socorro. Además, han dado a conocer que ha habido heridos, inundaciones, derrumbes, accidentes de tránsito y otros percances en diferentes zonas del país.

“Ante la grave situación que enfrenta nuestro país, debido a las intensas lluvias que han azotado a nuestras comunidades, es nuestro deber como representante del pueblo salvadoreño actuar con prontitud y con responsabilidad para proteger y asistir a la gente”, comentó el parlamentario Caleb Navarro. “Debemos demostrar solidaridad a quienes están sufriendo por estas torrenciales lluvias”, agregó.

Con dicho decreto, se faculta a la Protección Civil que evacúe obligatoriamente a la población en peligro y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios, con el fin de proteger el derecho a la vida.

La población calificada como “en riesgo” deberá atender obligatoriamente la orden de evacuación de la autoridad competente.

“Nos encontramos ante una situación crítica, que demanda una acción pronta y efectiva. Esta medida está fundamentada en el artículo 24 inciso 1° de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, por eso es que vamos a actuar con acciones contundentes”, aseguró la diputada Helen Jovel, quien dio a conocer que ya se cuenta con albergues equipados para prestar apoyo a las familias afectadas.

Asimismo, Protección Civil está facultado para gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura e inmuebles que sirvan como centros de acopio y albergues temporales.

Además, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) gestionar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas a consecuencia del fenómeno natural, con empresas privadas, según el caso.

Las medidas inmediatas para la atención de la emergencia

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número dos, se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la tormenta en particular.

Además, como indica el artículo dos de la iniciativa aprobada, también se contempla la generación de condiciones adecuadas de albergue y resguardo para la población evacuada de manera preventiva y para los directamente afectados por pérdida o inhabilitación de su vivienda.

Otra de las medidas es la generación de condiciones que permitan la reestructuración de caminos, carreteras, puentes; así como de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno natural.

Una cuarta disposición es la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería.

Finalmente, otras acciones que coadyuven a la mitigación de los impactos generados en la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas, en la medida de las necesidades específicas.

El partido Nuestro Tiempo iniciará la fase de liquidación de su patrimonio luego de que concluya el proceso de cancelación de ese instituto político a causa de que no logró obtener el mínimo de 50,000 votos en las elecciones legislativas pasadas, informó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman.

Si en la liquidación de los bienes del partido aún queda algún remanente este deberá ser donado a una institución de beneficencia o una universidad que seleccione el partido político, explicó el funcionario electoral.

«Cuando ya se ha determinado el proceso de cancelación, vamos al proceso de liquidación patrimonial del partido político, una vez se canceló procedemos al artículo 49 de la Ley de Partidos Políticos», indicó.
Nuestro Tiempo -también derrotado en las elecciones presidenciales y de alcaldes- fue notificado el 5 de junio pasado por el TSE que el organismo colegiado resolvió cancelarlo luego de encontrar «no válidos» los alegatos que presentó el instituto político para evitar su cancelación.

Wellman indicó que actualmente se encuentran en una fase de revisión en caso de que el partido solicite una verificación de la resolución de los magistrados; si no se presenta la solicitud, el TSE procederá a la cancelación definitiva del partido y posteriormente iniciará la liquidación de su patrimonio, explicó.