La Dirección de Integración inauguró ayer una sede departamental en Sonsonate, un nuevo espacio que busca abrir oportunidades de desarrollo para la población, especialmente para la juventud salvadoreña, por medio de programas formativos y de crecimiento personal.

El presidente de la institución, Alejandro Gutman, encabezó la apertura del espacio, desde donde se impulsarán iniciativas orientadas a fortalecer la integración comunitaria y promover el desarrollo de habilidades en diferentes áreas.

Las instalaciones están ubicadas en un local contiguo al estadio Ana Mercedes Campos, en Sonsonate.

Ahí se desarrollarán las escuelas integradoras, que son espacios educativos gratuitos diseñados para potenciar las habilidades de las personas y acompañarlas en su desarrollo personal, familiar y profesional.

Con estos programas, los participantes podrán acceder a formación en arte, música, deportes, tecnología, psicología, familia, entre otras áreas, con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje y convivencia para personas de todas las edades.

El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, hizo un llamado a los recién nombrados magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala a que rigan cada una de sus acciones dentro de su gestión con «independencia, transparencia y apegados a la ley», según compartió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), en un artículo retomado por el medio local La Hora.

En los últimos meses, Guatemala ha vivido una serie de procesos políticos, en cuanto a elecciones de segundo grado se refiere; entre estas los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) —aún pendientes dos plazas otorgadas por el Órgano Ejecutivo— y los magistrados del TSE; en mayo se prevé la elección del nuevo fiscal general.

Este martes, el Congreso de Guatemala eligió, tras horas de negociaciones con las diferentes bancadas, a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes para tomar las riendas del Organismo Electoral en el periodo de 2026 a 2032.

«Hoy el Congreso de la República da una muestra de (que) cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos», dijo el pasado martes, ante el pleno, el diputado oficialista José Carlos Sanabria, al señalar que lograron «consensos amplios» con la oposición.

Cuestionable
En febrero pasado, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, criticó la nómina de 20 aspirantes para el TSE que elaboró una comisión encabezada por autoridades universitarias al considerar que «abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes».

Barrett, que en ese momento no se refirió a algún candidato en particular, no se ha pronunciado por la elección final en el Congreso.

El funcionario diplomático estadunidense notificó en la cuenta de X de la embajada a inicios de marzo que «como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado».

El 22 de marzo de 2024, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud y prendió fuego al recinto. El ataque, el más mortífero en Rusia en dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Cuatro de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y once por complicidad.

Durante el veredicto, varios hombres aparecieron cabizbajos en la jaula de cristal reservada a los acusados, ante los agentes de las fuerzas de seguridad.

El fallo se ajusta a las peticiones de la fiscalía.

Otros cuatro hombres, juzgados paralelamente por vínculos con el terrorismo, recibieron penas que van desde los 19 años y 11 meses de prisión hasta los 22 años y seis meses de cárcel. Todo el juicio se celebró a puerta cerrada hasta el dictamen público.

El ataque, que dejó además 600 heridos, incluyendo niños, impactó profundamente al país.

«Como si hubiese sido ayer»

Ivan Pomorine, un director de fotografía de 45 años, estaba presente en la sala de espectáculos la noche de la masacre. Tenía que grabar el concierto de rock previsto esa noche.

«Parece que ellos (los acusados) no son los que pudieron organizar el ataque», declaró a la prensa desde la sala del tribunal, pidiendo que se juzgara a todos los responsables del atentado.

«Se acerca el segundo aniversario y para nosotros es como si hubiese sido ayer», añadió.

El Kremlin afirmó que Ucrania estaba implicada en el atentado, pero nunca presentó pruebas que respaldaran esa acusación, rechazada por Kiev.

En ese entonces, Rusia llevaba ya dos años de guerra con su vecino.

El Comité de Investigación ruso, uno de los principales órganos judiciales del país, afirmó el jueves en un comunicado que este «crimen inhumano» había sido «planificado y cometido» en interés del gobierno ucraniano para «desestabilizar la situación política» en Rusia.

Según esta fuente, varios acusados también habían planeado hacer explotar un complejo recreativo en la ciudad de Kaspiisk, en la región sureña de Daguestán, pero el plan fue frustrado.

El ejército ruso libró dos guerras en Chechenia en los años 90 y 2000 contra una rebelión separatista que se islamizó progresivamente antes de jurar lealtad al EI en 2015.

Aunque la influencia del grupo yihadista es hoy limitada, siguen produciéndose ataques periódicos, especialmente en Chechenia y Daguestán, o en prisiones rusas.

A raíz de este ataque, Moscú reforzó sus leyes y endureció su discurso antiinmigración. Numerosos trabajadores de Asia Central viven y trabajan en el país.