Internacionales
Ejército mexicano reconoce haber tenido bajas por bombas lanzadas desde drones por los carteles
El ejército mexicano reconoció el viernes por primera vez que algunos de sus soldados han muerto debido a explosivos lanzados desde drones por el crimen organizado.
El secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no dio cifras exactas sobre el número de bajas sufridas en los ataques que, según dijo, se produjeron sobre todo en el occidente del país.
«En Michoacán es donde hemos tenido algunas agresiones de esta naturaleza y donde nuestro personal ha sufrido lesiones, inclusive han fallecido algunos de nuestros elementos», dijo Sandoval.
El ejército había reconocido anteriormente que algunos soldados habían resultado heridos por artefactos explosivos en ese estado con gran actividades de los cárteles.
El jefe del Ejército no aclaró cuándo se produjeron los ataques pero sugirió que tuvieron como objetivo a patrullas militares. Agregó que la Secretaría de la Defensa estaba adquiriendo sistemas antidrones para combatir tal amenaza.
“Lo que se busca con esos (equipos) antidrones es tener esa capacidad, que no la teníamos, para el personal que anda realizando reconocimientos, patrullajes en diferentes áreas», agregó.
Sandoval añadió que el ejército sigue encontrando muchas más bombas en las carreteras que las lanzadas por drones.
El Cartel Jalisco Nueva General lleva años luchando contra bandas locales por el control de Michoacán y la situación se ha militarizado tanto que los grupos enfrentados utilizan explosivos improvisados, bombas en carreteras, rifles de francotirador y hacen trincheras, fortines e incluso blindan artesanalmente vehículos.
En algunos casos usan, además, drones comerciales grandes con mecanismos especiales para lanzar pequeñas bombas aéreas de aspecto bastante profesional. El año pasado, las autoridades descubrieron un taller mecánico utilizado para fabricar carcasas metálicas de bombas para este tipo de ataques.
En el único informe detallado sobre ataques con bombas, dado a conocer en agosto de 2023, la Secretaría de la Defensa dijo que un total de 42 soldados, policías y sospechosos habían resultado heridos por artefactos explosivos improvisados en los primeros siete meses y medio de ese año frente a 16 en todo 2022.
En 2023, un oficial de la Guardia Nacional y cuatro policías estatales murieron en dos atentados distintos con coche bomba.
Las autoridades detectaron al menos 260 explosivos lanzados por drones ese año, algo que no se había dado en México antes de 2020. Pero esa cifra podría estar por debajo de la real porque los residentes de algunas partes de Michoacán afirmaron recientemente que hay ataques con bombas desde drones casi diariamente.
También el viernes, la Armada de México reconoció que dos tripulantes de un helicóptero de la Marina habían muerto a principios de este año cuando su helicóptero cayó en el océano Pacífico mientras perseguían barcos de contrabando de cocaína.
Las autoridades informaron de que la Marina estadounidense había aceptado ayudar a recuperar el helicóptero hundido y los restos de los tripulantes.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
