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Judicial

Diputado Romero en prisión por caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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El diputado de Arena, Alberto Romero, fue trasladado esta mañana a la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, donde se desarrolla la audiencia inicial en su contra y donde es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

Romero es procesado por el incremento de su patrimonio el cual no ha podido justificar, por un monto de $1,162,388.05.

La jornada fue interrumpida al mediodía y el juez ordenó se reanudara a las 3 de la tarde para conocer la resolución. Por la tarde, el juez determinó que el imputado continúe en prisión mientras se lleva a cabo el juicio.

La defensa había pedido medidas alternas, mientras que la Fiscalía pidió se le otorguen seis meses de instrucción mientras el caso es fortalecido. El juez dio razón a la Fiscalía.

La FGR señala al diputado de tener 21 irregularidades en pagos y depósitos bancarios, cinco de su esposa y dos de su hija, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al analizar los diferentes productos financieros del diputado y su grupo familiar se concluyó que existió un incremento patrimonial y que «posteriormente él por medio de una reestructuración de fondos ha blanqueado capital», sostuvo la parte fiscal.

Romero ya fue sentenciado a reintegrar $445.766 dólares al Estado al no poder justificar el origen de ese dinero.

Las supuestas irregularidades fueron detectadas en las declaraciones patrimoniales entre mayo de 2009 y abril de 2015.

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Judicial

22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Judicial

Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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Judicial

15 años de cárcel para dos extorsionistas

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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.

Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.

Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

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