Judicial
Cárcel para maroso que mató a dos mujeres con las quien se reunió en la Zona Rosa
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, condenó a 50 años de prisión al pandillero de la mara 18 identificado como Omar Antonio Hércules González, por dos feminicidios, uno simple y uno agravado.
Al sujeto se le atribuye que el 16 de noviembre de 2020, en horas de la madrugada, llevó a bordo de su vehículo a dos mujeres hasta una calle desolada en el kilómetro 14 y medio de la carretera de Oro, en el municipio de Ciudad Delgado. En el lugar, las sacó del automóvil y las asesinó con un arma de fuego.
En su fallo, la juzgadora señaló que se presentaron pruebas suficientes de la participación del acusado en las dos muertes, ya que tres cámaras de seguridad diferentes captaron el vehículo de su propiedad ingresando a la calle donde les quitaron la vida. Además, cuando lo capturaron por otro delito, le incautaron el móvil perteneciente a una de las víctimas y, según el peritaje de análisis telefónico, el sujeto había eliminado todas las cuentas de ella. No obstante, al analizar la información de la nube, se observaron fotografías antiguas de la joven.
Se establece que el criminal colocó un nuevo chip en el móvil que contenía fotografías y videos de miembros del grupo criminal y una captura de la primera plana de un periódico relacionado con las dos muertes.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
