Judicial
JUEZ DECLARA EN FIRME ABANDONO DE ACUSACIÓN CONTRA ENRIQUE RAIS, POR PARTE DE LOS CANADIENSES MATTEO PASQUALE Y FRANCO PACETTI
De acuerdo a la legislación procesal penal vigente, el abandono de la querella impide toda persecución penal por parte del querellante contra los acusados.
Una fuente judicial cercana a la Unidad de comunicaciones del Centro de Justicia Penal de San Salvador, informó a este medio que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador declaró a fecha 28 de enero del presente año “EJECUTORIADO” el abandono de la Querella que ejercía el abogado René Alberto Medrano, en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- El caso.
Los abogados de Enrique Rais, al ser consultados sobre el caso, por este medio, con documentación de respaldo manifestaron que el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en octubre 2017, abrió una investigación contra Rais y otros, utilizando como prueba la declaración de un testigo criteriado solamente identificado como “Clave Grecia”, sobre el que nunca se permitió ni a Rais, ni a sus defensores conocer las diligencias efectuadas por fiscalía, ni ante qué juez se otorgó el criterio de oportunidad.
Asimismo utilizaron para armar el caso un expediente de intervenciones telefónicas en el que no existen autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones de Rais, ni tampoco este era objeto de investigación, ni aparece vinculado a ningún hecho delictivo. Las escuchas captadas en esa intervención, además de no tener relación con Rais, fueron de acuerdo al detalle de los abogados, judicializadas fuera del plazo de seis meses que concede la ley de escuchas telefónicas. Pues la validez de la prueba abarcaba hasta el 14 de octubre de 2015; sin embargo se presentan como prueba el 13 de enero de 2019, más de 3 años después de carecer de valor probatorio.
Los hechos del proceso consistían en la supuesta manipulación de un peritaje psicológico efectuado a Enrique Rais, por un perito de Medicina Legal, con el que presuntamente se había cometido fraude para procesar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusación totalmente falsa e infundada, que ni siquiera pudo sostener el abogado querellante ante el juez de instrucción, motivo por el que le fue declarada abandonada la querella.
El abadono de la querella fue recurrido por el abogado de los canadienses, confirmada por un Tribunal de Segunda instancia, donde todavía en una litigación dilatoria, René Alberto Medrano, interpuesto recurso de revocatoria ante la Cámara de lo Penal, el que fue rechazado por improcedente y con ello quedó en firme la decisión, que demuestra que los canadienses nunca fueron víctimas del supuesto hecho delictivo, sino que se trataba de una maquinación para evadir la justicia, ya que actualmente tienen órdenes de captura internacional y declaratoria de rebeldía al estar acusados del delito de Extorsión y el de Apropiación Indebida, en perjuicio de Enrique Rais.
Precisamente, un tema que lamentan los abogados de Rais, es que se hayan permitido al abogado de los canadienses litigar de forma temeraria y dilatoria en los procesos, al grado de presuntamente haber presentado acreditaciones falsas en un proceso penal, hecho por el que ya ha sido denunciado; y en otros casos, simplemente no ha presentado personería alguna, sino que solamente ha manifestado ser el apoderado legal de Matteo Pasquale, Franco Pacceti y algunas compañías.
- Una persecución ilegal fabricada por intereses económicos contra Rais.
De acuerdo al abogado, Carlos Miranda Rubio, quien representa los intereses del empresario en los distintos procesos penales, el caso seguido contra Enrique Rais, en el curso de los procesos penales se ha venido demostrando que su cliente ha sido víctima de una persecución penal ilegal y arbitraria, sobre lo que resalta los siguientes hechos:
- Rais fue acusado de ser parte de crimen organizado, lo que fue desacreditado totalmente por decisión de Corte Plena, al dejar en claro que eso no era cierto.
- Rais fue señalado de obtener favorecimiento del Ex Fiscal General Luis Martínez para perjudicar a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sin embargo, estos últimos no han podido sostener ni en instancias civiles, ni penales ser víctimas de Enrique Rais, al grado que se les ha declarado abandonada la Querella y rechazado reclamos civiles por no haber podido demostrar la existencia de la deuda que reclaman.
- Rais fue recientemente sobreseído en Suiza, en virtud que la Fiscalía Suiza, no encontró méritos probatorios después de una investigación de más de 3 años, a causa de una denuncia interpuesta por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los mismos hechos por los que está siendo procesado el empresario en El Salvador.
- En esa denuncia interpuesta en Suiza, los canadienses dejan de manifiesto que el abogado que los representaba en El Salvador, era Mario Calderón, ex abogado de Rais, quien fue denunciado por patrocinio infiel, hecho que la Corte Suprema de Justicia dejó caducar sin razón o causa válida para ello; y quien también ha sido denunciado por fraude procesal ante fiscalía, en virtud de haber suprimido una prueba sobre una cuenta de Twitter a la que se realizaría un peritaje y desde la cual se divulgó información que tenía reserva en el proceso penal y que aún no había sido puesta en disposición de las partes.
Los abogados piden a la Fiscalía y al fiscal general que judicialicen las denuncias y que estás mismas sean puestas en manos de la instancia judicial o que se haga una reconversión de caso privado, pues ya paso el plazo razonable venció.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
