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Expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero
Un tribunal peruano condenó este martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y aplicó igual pena a su esposa, Nadine Heredia, por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Los magistrados de la Corte Superior Nacional consideraron que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para esas campañas presidenciales por parte de la constructora brasileña y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
Nayko Coronado, una de las tres juezas del tribunal, ordenó que los condenados sean encarcelados de inmediato. El expresidente, el único sentenciado que estaba presente, fue rodeado por varios policías que lo llevaron afuera de la sala de audiencias.
Humala, un militar retirado de 62 años, escribía y hablaba por su celular. Su esposa, de 48 años, no estaba presente en la sesión. Ambos estarán en la cárcel hasta el 28 de julio de 2039. La magistrada dictó una orden de captura contra ella para llevarla a un penal.
Humala es el tercer exmandatario peruano condenado a prisión en casi dos décadas luego de que en 2024 el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue sentenciado a 20 años y seis meses por corrupción y lavado de activos por recibir dinero de Odebrecht y de que el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) recibió en 2009 tres sentencias por corrupción y otra adicional como autor intelectual de 25 asesinatos.
El juicio empezó en 2022. Además de Humala, la justicia condenó a 12 años de cárcel por lavado de activos al hermano de Heredia, llamado Ilán Heredia. La pareja estuvo presa de forma preventiva entre 2017 y 2018 por pedido de la fiscalía para evitar que se fugaran del país, pese a que ambos siempre asistieron a las audiencias.
Odebrecht admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015 y un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a los políticos poderosos de todo el continente.
La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con la constructora brasileña.
Toledo está preso cumpliendo una sentencia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también está bajo prisión domiciliaria, y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 minutos antes de ser detenido por una orden fiscal mientras era investigado por los sobornos recibidos de Odebrecht.
Además de expresidentes también están investigados políticos importantes como Keiko Fujimori, excandidata presidencial, así como varios exgobernadores.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
