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Bukele: «De las 2,400 plazas qué hay en la AL, 1,200 serían plazas fantasmas»
El presidente de la República, Nayib Bukele, denunció que el 50% de las plazas que existen la Asamblea Legislativa (AL), son fantasmas.
El mandatario lamentó que los viejos partidos continúen haciendo estas prácticas.
«De acuerdo a la primera información recabada, de las 2,400 plazas qué hay en la 1,200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal, sería personal falso», añadió Bukele.
El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador (SITRAL) expuso en sus redes sociales, la incorporación masiva de personal que nunca se ha visto ejerciendo labores dentro de la AL.
«Esta acción pone en riesgo a los trabajadores que sí han ejercido sus labores», añadieron los miembros del sindicato.
El presidente de El Salvador, indicó que este gremio de trabajadores nunca ha sido afín al gobierno actual, y señaló que exigirá que se hagan investigaciones dentro del parlamento legislativo.
«Definitivamente, no les quedó claro el veredicto del pueblo salvadoreño», señaló Bukele y cuestionó:»¿Queda alguna duda de lo que están haciendo los diputados?».
Bukele lamentó la difusión de este caso, por parte de medios tendenciosos: «¿Dónde están los ‘periodistas incómodos’ reportando este escándalo?».
En audiencia única abierta realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República solicito 60 años de prisión para Carlos Javier Vásquez Amaya, máximo cabecilla de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que delinquía en tres distritos del municipio Cuscatlán Sur.
Vásquez Amaya, era corredor de esa célula territorial que se desprende del denominado programa Cabañas de la Mara Salvatrucha, tenía bajo su mando a 65 pandilleros considerados «homeboys» para quienes el ministerio público solicitó en los alegatos finales que sean sentenciados a 40 años de cárcel.
El ministerio público ha pedido que se les aplique la reformada Ley contra el Crimen Organizado que ordena a los jueces condenar hasta con 60 años a los cabecillas y financistas de las pandillas y penas de 30 y 40 años a los miembros activos.
Los 66 terroristas enfrentaron la audiencia única por agrupaciones ilícitas, la normativa salvadoreña establece que ese delito aplica a quienes sean parte de una pandilla.
Durante una semana la Fiscalía incorporó prueba documental, testimonial y pericial. Un testigo con régimen de protección tras llegar a rendir su declaración confirmó la función y rol que desempañaba cada uno de los mareros para ejecutar hechos delictivos.
Para acreditar la pertenencia a la Mara Salvatrucha, el fiscal del caso dijo que se ofreció análisis de interpretación de tatuajes, que vincula a los imputados a la Mara Salvatrucha.
En las pesquisas que policías y fiscales efectuaron quedó acreditado que los enjuiciados estuvieron delinquiendo en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur.
Todos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022.
Durante un patrullaje de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil fue capturado Edson Vladimir Méndez Cubías, de 30 años, quien llevaba consigo 47 porciones de cocaína.
De acuerdo a la versión policial en la red social X, el sujeto fue intervenido en el cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este.
La corporación detalla que el sujeto fue abordado «al notarlo con apariencia sospechosa» y durante el registro se le encontraron «las porciones de cocaína en una bolsa trasera del short».
La PNC indicó que esta acción fue ejecutada dentro del Plan Control Territorial y el ahora detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, condenó a seis años de cárcel a Kevin Stanley Bonilla Sánchez por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El vendedor de droga fue arrestado la noche del 18 de enero de 2025 en el parqueo de un centro comercial localizado en Lourdes, Colón, municipio La Libertad Oeste.
El imputado fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, quienes al verlo de forma sospechosa lo abordaron y al regístrarlo le hallaron 26 gramos de marihuana, con un precio de $98.
En el fallo emitido por el tribunal se estableció que además de los gramos de droga incautados, en el teléfono celular confiscado, le hallaron audios, imágenes y mensajes que evidenciaron su participación en la venta de estupefacientes.
La obtención de esos elementos de prueba se logró mediante un vaciado de información, esa pericia complementó la acusación por el decomiso de la droga.
Al final el tribunal resolvió que las pruebas testimoniales y digitales eran suficientes para emitir un fallo condenatorio para el vendedor de droga capturado cometiendo el delito.
