La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el FMLN entregó $433 mil a las pandillas para ganar las elecciones presidenciales del 2014 y que fueron alrededor de 13 reuniones las que sostuvieron entre dirigentes del partido de izquierda y cabecillas de las pandillas entre octubre de 2013 y marzo del 2014.

Según el trabajo investigativo del periodista de Grupo Megavisión, David Cruz, la acusación de la Fiscalía describe que varias de esas reuniones se dieron: en la Asamblea Legislativa, en la oficina de Benito Lara; en el local del FMLN en el Centro histórico, en octubre 2013; y en la biblioteca de la Iglesia Episcopal Anglicana, donde asistieron 8 cabecillas de las pandillas y se reunieron con Benito Lara y Arístides Valencia.

Según el periodista, en el documento se citan varios favores que los pandilleros pedían a los políticos del FMLN en cada reunión, como por ejemplo: «pidieron a Benito Lara que se eliminaran algunas leyes y el acoso policial».

Además, se asegura que en el documento se menciona al entonces candidato, profesor Salvador Sánchez Cerén y al vicepresidente de ese momento Óscar Ortiz, ya que al parecer los delincuentes cuestionaban si ellos (Benito Lara y Arístides Valencia) se reunían a titulo personal, o la cúpula estaba enterada, a lo que Benito Lara respondió:

«El partido sabe que estamos reunidos con ustedes, además el Profesor Sánchez Cerén, dio la autorización para que nos reuniéramos con ustedes, nosotros no vamos a prometer algo que no podamos sostener»

Luego de más de 13 reuniones, antes y después de las elecciones, el FMLN benefició económicamente a cientos de pandilleros sin importar el precio que pagaron los miles de salvadoreños asesinados a manos de esos grupos delictivos.

Tanto a ARENA como el FMLN no les importó la seguridad de las familias salvadoreñas con tal de llegar el poder, financiando estructuras criminales con altas sumas de dinero, favoreciéndolos con la creación de empresas fantasmas, con beneficiones penitenciarios como la movilización de peligrosos cabecillas a cárceles de menor seguridad, fiestas en las cárceles, visitas íntimas, introducción de celulares e internet, televisores pantalla planta en celdas, entre otros.

Las acusaciones que pesan contra los implicados, posterior a la investigación de la FGR, va más allá de una simple negociación, ya que valió más el poder que la seguridad de los salvadoreños.