Política
Mauricio Vargas: “No tengo pruebas que Milena Mayorga reciba dinero por denunciar corrupción”
El diputado del partido ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, por medio de un comunicado de prensa difundido en su cuenta de Twitter pidió una disculpa pública a la parlamentaria independiente Milena Mayorga por haber dicho que recibe dinero a cambio de denunciar actos de corrupción.
Vargas escribió: “Ante mis declaraciones brindadas, sobre los señalamientos hechos por la diputada Milena Mayorga relacionados a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), con alto sentido de responsabilidad le pido disculpas por haber expresado que recibe estipendios”.
“Por tales señalamientos y cuando no tengo pruebas de ellos, pido disculpas”, detalló el parlamentario tricolor.
Las disculpas públicas se dieron a conocer la tarde de este viernes y minutos antes que Mayorga en compañía de su apoderado legal se hicieran presentes al Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital para interponer la denuncia contra Mauricio Ernesto Vargas, por diversos delitos de daño y honor contra la mujer.
Sin embargo, Milena Mayorga no solo demandaría a Mauricio Ernesto Vargas, sino también al diputado presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce, de quien también se siente agredida verbalmente.
Recientemente Ponce despotricó contra Mayorga que en redes sociales había denunciado que “existiría un pacto de los mismos de siempre para reelegir a los actuales magistrados de la Corte de Cuentas a cambio de favores para dejar que prescriban algunos casos”.
Mario Ponce al ser cuestionado sobre este punto, dijo a medios de prensa que no respondería al respecto porque “esa señora no merece mi respeto y no merece mi atención”.
Des igual forma los ojos se centraron nuevamente con Mario Ponce la mañana de este jueves, luego que supuestamente maltratara de forma verbal a la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina a quien le dijo que no interviniera en la plenaria “porque era una empleada” y seguido de ello el diputado Alberto Romero le comenzó a gritar “malcriada”.
Estos hechos ocurrieron en medio de la rendición del primer año de gestión de los funcionarios del Gobierno del Presidente, Nayib Bukele.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
