Política
Lorena Peña responde a las críticas de quienes señalan presuntas contrataciones fuera de la ley
La expresidente de la Asamblea Legislativa y actual asesora legislativa, Lorena Peña, tildó de misóginos y dementes a quienes critican las últimas contrataciones que realizó el Gobierno de El Salvador, asi como los los aumentos de salarios injustificados.
Lorena Peña utilizó el mismo comunicado de prensa que la directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) compartió en las redes sociales con el cual indicó que supuestamente era atacada por el hecho de ser mujer.
“Ante las recientes publicaciones e información divulgada en redes sociales que buscan difamar y dañar mi honor, imagen, intimidad personal y familiar
expreso:
- Desmiento toda la información divulgada acerca de mi función pública y
vida privada, por sitios digitales y cuentas en redes sociales como El Blog, Ultima Hora SV, Porttada.com, LaCherada.com, elsalvadorday.com, LaBritany.com, Brozo, ITR, Alejandro Muyshondt, entre otros. - Rechazo las expresiones de violencia política y por razones de género er
mi contra, provocadas e infundadas por estos y otros sitios en mención. - Aclaro que no estoy casada con el subdirector de la OIE, mi esposo no
trabaja en CEPA, no cobro sobresueldos, no soy ahijada ni nieta del
Presidente Sánchez Cerén, no he adquirido ninguna vivienda en residencial
Veranda ni he clonado la marca LaBritany.com tal como se me acusa - Hago un llamado a la Fiscalia General de la República y autoridades
correspondientes a investigar estas expresiones de violencia contra mi
persona por ser mujer, de acuerdo a lo mandatado en la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación
de la Discriminación contra las mujeres, asi como me reservo el derecho de
proceder legalmente. - Hago un Ilamado a todos los actores y sectores de la sociedad.
principalmente a las mujeres, a prorunciarse en contra de la violencia politica
hacia la mujer.
Esto luego que el virtual presidente de la República, Nayib Bukele, denunció que este tipo de prácticas en algunas instituciones, lo que obligó al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén a retractarse y evitar dichas acciones.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
