Política
Guillermo Gallegos: “Asamblea es un centro de contagio y aún no se decreta estado de excepción”
Más de dos semanas han pasado desde que el gobierno de Nayib Bukele presentó a la Asamblea una nueva petición para establecer un estado de excepción por el alza de casos de Covid-19 y la saturación de pacientes en la red de hospitales públicos de El Salvador.
El ejecutivo en ese momento habría llevado en contención la curva de crecimientos de casos de coronavirus, que ya proyectaba un agravante en el número de casos que comenzaban a reportarse y que en este momento no bajan de los 250 por día.
La Asamblea, que ya discutía un proyecto propio con especialista ad hoc a su planificación, decidió no tomar en cuenta esta necesidad inmediata del presidente y en su lugar decidió llamar a funcionarios para que les explicaran, lo que ya habían discutido por seis días consecutivos en largas jornadas.
Ayer el diputado de GANA y vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos reveló que el parlamento se ha convertido en un “centro de contagio fuerte” y que varios diputados, incluyendo los de su partido, ya padecía el virus. Agregó que de varios grupos parlamentarios se reportaban buena parte de sus colaboradores positivos al Covid-19.
“La Asamblea se ha convertido en un centro de contagio, y esto puede agravarse, será nuestra responsabilidad si no logramos una cuarentena de 15 días en la Asamblea y a nivel nacional como lo ha pedido el presidente Nayib Bukele”, sentenció el diputado en su cuenta de Twitter.
Es más, el mismo parlamentario en un video colgado en sus redes sociales dijo que eran más de 300 empleados del recinto que estaban contagiados: “Unidades completas de la Asamblea Legislativa han salido positivas, unidades que han quedado con uno, dos o tres empleados”, señaló.
A inicios de esta semana, el diputado del Partido Concertación Nacional, Antonio Almendáriz se había pronunciado por la necesidad urgente de aprobar medidas drásticas para combatir la pandemia: “Hay que aprobarle al presidente Bukele el régimen de excepción” planteó sin tapujos en entrevista televisiva, el también jefe de fracción legislativa.
Almendáriz incluso fue más allá y dijo que “toda ley que no tiene dientes, no se cumple”, en referencia a la necesidad de establecer algunas restricciones a las garantías constitucionales.
Son exactamente 19 días desde que los enviados por el Órgano Ejecutivo llegaron con la propuesta a la Asamblea, sin que haya siquiera una convocatoria para discutir el tema vital para detener el contagio masivo según presidencia.
Mientras son innumerables las muestras de solidaridad que se pueden ver redes sociales sobre usuarios que tiene un familiar o un conocido contagiado, o que lamentable ha fallecido.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
