Política
El 22 de noviembre el TSE sorteará la posición de las banderas de los partidos en las papeletas de votación
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre el sorteo para la posición de las banderas de los 12 partidos políticos que participarán en las elecciones presidenciales y legislativas en las papeletas de votación para los comicios del 4 de febrero de 2024.
El 30 de octubre pasado los representantes de los partidos aprobaron las tonalidades de colores para los emblemas de los institutos políticos que competirán en las elecciones generales, que serán impresos en las papeletas de votación.
En esa actividad estuvo la fiscal electoral, Alma Campos, para garantizar la transparencia del proceso; además, contaron con el acompañamiento de la Dirección de Organización Electoral (DOE), la cual facilitó a los partidos el espacio y herramientas para definir los colores (pantones) que corresponden a sus banderas, con el fin de que no haya alteraciones al momento de la impresión.
También participó un representante de Artes Gráficas Publicitarias, que es la empresa encargada de imprimir las más de seis millones de boletas electorales a usarse en el voto nacional.
Las autoridades electorales han explicado que Artes Gráficas Publicitarias continúa con el proceso de impresión del reverso de las hojas, que inició el 7 de octubre pasado, para que una vez definida la posición de las banderas de los partidos políticos se proceda a la impresión del anverso.
Noel Orellana, magistrado del TSE, explicó recientemente a «Diario El Salvador» que la empresa contratada iniciaría con la impresión del anverso mientras se realizaba el acto de aprobación de pantones de los emblemas de los 12 partidos que participarán en los comicios, así como el sorteo de la posición de banderas en las boletas.
Además, está pendiente que los institutos políticos envíen al TSE las siglas, los distintivos, tonalidades, diseños e indicación de los nombres a imprimir.
Según el calendario electoral, la única fecha para realizar ese trámite es el próximo 20 de diciembre.
La fecha límite que el TSE ha calendarizado para completar la impresión definitiva de las papeletas de votación es el 28 de enero de 2024, puesto que en esa misma fecha el organismo electoral también deberá finalizar la preparación de los paquetes de votación.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
