Política
Diputados aprueban desembolso de $500,000 para renovar solo 50,000 DUI vencidos
En la sesión plenaria ordinaria número 30 de la Asamblea Legislativa, un total de 78 diputados dieron luz verde al segundo desembolso para la reforma de la Ley del Presupuesto y asignar $500,000 para subsidiar el Documento Único de Identidad (DUI) que estén vencidos o deteriorados.
Para este mes, se tendría que aprobar $1.5 millones de los $3 millones que ya se había acordado el 29 de noviembre de 2018, para enviarlos al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) con el propósito de beneficiar a los salvadoreños que tendrían dañado o vencido su documento de identidad.
Hoy, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó, por unanimidad, el dictamen favorable para dicha reforma, con el fin de seguir apoyando a los ciudadanos con el subsidio para los días que restan del mes de enero y poder facilitarle el documento que servirá para las elecciones presidenciales a ejecutarse el 3 de febrero.
El medio millón de dólares, dinero que fue aprobado en la sesión plenaria y que será otorgado al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), alcanzaría únicamente para renovar 50,000 DUI.
Ante esta acción, serán más salvadoreños beneficiados que podrán obtener el documento de manera gratuita, por lo que no tendrán que cancelar los $10.31 que cuesta la reposición del mismo.
«Estos $500 mil dólares permitirán continuar con el subsidio para la renovación del DUI para quienes ya lo tienen vencido, y que se suma a los 140 mil ciudadanos que lo obtuvieron el año anterior», comentó la diputada del FMLN para el departamento de San Salvador, Anabel Belloso.
En noviembre del año pasado se ejecutó la primera incorporación de los $1.5 millones para lograr renovar de manera gratuita más de 140,000 documentos con fecha de vencimiento dentro del período. En ese momento, hubo un acuerdo entre las fracciones para dar otros $1.5 millones en enero de este 2019 para continuar con la renovación.
Los fondos que fueron trasladados han sido de un remanente de más o menos $5 millones que había en el Fondo General de la Nación.
Molestia entre las fracciones
Varios diputados de las diferentes fracciones partidarias emitieron sus molestias en la plenaria, debido a que faltaría un desembolso de un millón de dólares por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
«Como GANA vamos a respaldar este decreto para beneficiar a personas que no han renovado su DUI. Hubiéramos querido que se destinara 1 millón, pero se beneficiarán a 48 mil salvadoreños», comentó Guadalupe Vásquez.
El diputado de ARENA, Donato Vaquerano, indicó: «Nosotros vamos a contribuir con nuestros votos, porque es la lucha que hemos tenido para robustecer el proceso democrático. Aunque no estamos satisfechos y esperamos que continuemos construyendo acuerdos».
El tiempo en el que han aprobado el monto asignado por Hacienda también ha sido un disgusto entre algunos parlamentarios, debido a que faltan 19 días para el desarrollo de los comicios presidenciales.
«Este decreto debimos aprobarlo en la segunda plenaria del año, ya había compromiso del ministro de Hacienda para destinar una cantidad igual a la del año anterior, para entregar a quienes no han podido renovar el DUI», comentó el diputado Juan José Martel.
Por su parte, el diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrhán explicó que emitiría su voto como apoyo, pese a no estar de acuerdo con el tiempo en el que se hace la aprobación.
«Hay largas filas de personas esperando renovar su DUI. Hoy llegamos tarde a aprobar este decreto, sobre el cual ya había compromiso. El PCN va a respaldar el decreto esta tarde por respeto y reverencia a los ciudadanos que esperan votar el próximo 3 de febrero», comentó.
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
