Política
Descubren lujosa suite como oficina del expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce
Los diputados de la nueva Asamblea Legislativa han denunciado, este viernes, algunos hallazgos de peculiaridades e irregularidades que dejó la legislatura anterior. En lo encontrado por Nuevas Ideas se deja ver los excesos y las irregularidades financieras con que se desempeñó el anterior parlamento salvadoreño.
Una de las cosas que fue encontrada por la “bancada cyan” es una suite privada ubicada en la parte posterior de la oficina del expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. La suite, según señaló Nuevas Ideas desde su cuenta de Twitter, fue desmantelada por completo antes que la anterior legislatura terminara sus funciones.
Ponce fue presidente del Legislativo en el período 2018-2021, ocupando el cargo el último año y medio de la anterior legislatura, luego que ARENA y PCN acordaran compartir la presidencia de este Órgano de Estado.
Durante su mandato, Ponce fue señalado de haber servido a intereses de grupos de poder desde su cargo y de no representar una figura de autoridad al interior del Legislativo. De igual forma, durante su gestión, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de la Asamblea Legislativa debido a la denuncia de plazas fantasmas y de contrataciones irregulares.
Para Ricardo Sosa, experto en tema de seguridad y criminólogo, la legislatura saliente se caracterizará por contar con uno de los «peores presidentes del Órgano Legislativo en la historia de El Salvador», representado en la figura de Mario Ponce. Para el criminólogo, Ponce no fue el verdadero presidente del Legislativo, sino que sirvió como «títere» de grupos de poder o del bloque conformado por los partidos ARENA, FMLN y PDC.
Sosa sostiene que con la salida de la Asamblea Legislativa presidida por Ponce se cierra un ciclo oscuro para el Órgano Legislativo, donde se dejó en evidencia la falta de un compromiso de los legisladores con el pueblo salvadoreño y una marcada oposición contra todos los planes del Gobierno del presidente Nayib Bukele, sobre todo, contra el Plan Control Territorial, a pesar de los evidentes resultados positivos que esta estrategia ha dejado en El Salvador.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
