Política
Conforman y juramentan a comisión de antejuicio contra diputados José García y Gerardo Aguilar
La Asamblea Legislativa juramentó la noche del este miércoles a la Comisión Especial de Antejuicio contra los diputados Gerardo Aguilar y José García, acusados por las autoridades de delito de cohecho impropio en perjuicio de la administración pública.
La comisión quedó conformada con el diputado William Soriano, como presidente; Rodrigo Ayala como secretario; Dania González como relatora; Jonathan Hernández, Amílcar Ayala y Elisa Rosales como vocales.
Mientras que los fiscales electos fueron los diputados Alexia Rivas, Ana Figueroa, y Salvador Chacón García.
Más temprano, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictamen favorable para iniciar el proceso de antejuicio y desafuero en contra de ambos diputados, solicitado por el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado. Posteriormente, el pleno aprobó el antejuicio por 63 votos a favor.
Según el fiscal, hay evidencias que ambos legisladores se reunieron en dos lugares diferentes del departamento de San Salvador con el operador político Roy García, de quien la embajada de los Estados Unidos ya se ha desvinculado. El fiscal señaló que en ambos lugares se hicieron «ofrecimientos» a los dos legisladores «para que ejecutaran actos impropios de sus funciones, lo cual es considerado un delito de corrupción».
«Miles de personas eligieron que fuéramos el partido de las mayorías. No venimos acá a llenar nuestros bolsillos. No es tolerable fallarle a la confianza que (los salvadoreños) nos dieron (el pasado 28 de febrero)», expresó la diputada Rebeca Santos, durante la reunión de la comisión.
Por su parte, el diputado Mauricio Ortiz expresó que: «No permitiremos que personajes ajenos a la visión del nuevo país, el cual estamos construyendo, tengan injerencia. Tenemos un compromiso grande con El Salvador».
Mientras que el diputado Giovany Zaldaña dijo que, como bancada: «tenemos claro a quiénes nos debemos. Este tipo de acciones (reunión entre diputados José García y Gerardo Aguilar con Roy García) nos tienen más unidos que nunca. Estoy de acuerdo con emitir dictamen favorable».
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
