Política
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acuerda castigar «tocamientos impúdicos» hasta con 12 años de prisión
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordó el lunes elaborar un dictamen favorable para modificar el Código Penal, y reconocer como delito de agresión sexual el “tocamiento impúdico”, el cual sería penado hasta con 12 años de cárcel y cuando se trate de un agente de seguridad, funcionario, empleado público la pena será agravada y este será inhabilitado de su cargo.
El acuerdo se encaminaría a modificar los artículos 160 y 161 del referido Código; en ese sentido, el artículo 160 establecería lo siguiente: “El que realizare tocamientos impúdicos aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior” -pena de 3 a 6 años-. En el caso del apartado 161, consignará una pena de 8 a 12 años de cárcel cuando la agresión se realice a un menor de 15 años.
Durante la discusión, los legisladores coincidieron en dar los pasos necesarios y contundentes que eviten que los derechos de la niñez se continúen vulnerando.
“Estamos dando una herramienta más a la población para combatir el flagelo de los delitos contra la libertad sexual. Como Asamblea Legislativa estamos escuchando la opinión de la ciudadanía y trasladándola a una legislación que va servir para el combate de este tipo de agresiones”, dijo el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
“Queremos decirle a los padres y madres que como Asamblea Legislativa nos hemos comprometido más al proteger a sus niñas y niños de todos estos depredadores, de estas personas que andan en las calles queriendo cometer delitos contra la libertad sexual de personas y sobre todo de niños, niñas y adolescentes”, señaló por su parte el parlamentario del FMLN, Javier Valdéz.
Los diputados acordaron además crear un nuevo artículo el 174-B, encaminado a inhabilitar, de forma especial del cargo, cuando se trate de funcionarios o empleados públicos, además de aumentar la pena al que realizare tocamiento impúdico; por otra parte se consensuó la derogación del numeral 4 del artículo 392 el cual establecía que el “tocamiento” es una falta o actos contrarios a las buenas costumbres y decoro, y no un delito.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
