Política
Amnistía fiscal busca fomentar el pago, no evadir impuestos como en legislaturas anteriores
Unos $40 millones en concepto de impuestos espera prevé recaudar el Ministerio de Hacienda con una legislación de amnistía fiscal que fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, y cuyos efectos terminarán el 1 de noviembre próximo.
Los diputados aprobaron con 61 votos dicha normativa, denominada Ley Especial Transitoria para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras, que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con el fisco y pagar sus impuestos atrasados sin mora, multas ni intereses.
La comisión de hacienda emitió dictamen favorable para la iniciativa presentada por el Ejecutivo, la cual una vez entre en vigor también abarcará a los contribuyentes que han sido emplazados por el Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha presentado más de un centenar de avisos ante la FGR relacionados con el no pago de tributos que suman unos $155 millones que el Estado podría recuperar e ingresar al fisco.
La amnistía aprobada ayer por los diputados es diferente a las decretadas por legislaturas anteriores, que eran para beneficio de los empresarios con el no pago de sus tributos ante la hacienda pública.
El partido Nuevas Ideas denunció meses atrás que el exdiputado democristiano Rodolfo Parker impulsó un decreto que evitó el ingreso al fisco de $200 millones en concepto de impuestos.
«Estas son las escuelas que se dejaron de construir, las calles que no teníamos, los policías que se dejaron de contratar», señaló el jefe de bancada cian y presidente de la comisión de hacienda, Christian Guevara.
Raúl Castillo y Alexia Rivas, diputados de la bancada cian, explicaron que la nueva legislatura ha eliminado la nefasta práctica de emitir leyes que libraran a empresarios del pago de impuestos.
Ambos legisladores sostuvieron que en la comisión de hacienda de legislaturas anteriores se confeccionaban exoneraciones para que los empresarios no declararan sus impuestos.
A criterio de la diputada Rivas, el emitir ahora una ley que fomente el pago de tributos se trasladará en más recursos para financiar los diferentes programas estatales.
«El dinero debe ser invertido en proyectos sociales, ayuda a adultos mayores y en temas de mujer, niñez y deporte, porque queremos seguir impulsando proyectos que los alcaldes tienen en sus comunidades», dijo Rivas en la entrevista de Noticiero El Salvador el pasado martes.
«Los impuestos de la población se orientan de forma adecuada para atender a los salvadoreños. Nos interesa que los empresarios tributen y tributen lo justo, no nos interesa que estén preso», agregó Castillo.
La amnistía fiscal no beneficia a aquellos contribuyentes que tienen fallo de un tribunal sobre determinado impuesto.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
