Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.

Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).

El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.

Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.

Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.

A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.

Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.

Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.

«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.

Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.

Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.

Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.

El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.

Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.

García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.

Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.

Homicida de madre e hija a prisión

La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.

Los habitantes de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte, estrenaron este fin de semana un moderno parque municipal, el cuarto espacio recreativo que la Dirección de Obras Municipales concluye a nivel nacional.

La nueva zona de esparcimiento, que beneficia a más de 6 mil personas, cuenta con una cancha de fútbol con grama artificial, iluminación interna y externa, cerramiento perimetral con marcos de malla ciclón, una caseta de vigilancia, baños y una planta de tratamiento de aguas negras.

Además, dispone de áreas verdes con grama y ornamentación, áreas equipadas para juegos con iluminación y grama artificial, áreas con máquinas para realizar ejercicios, graderíos de mampostería de piedra, una caseta eléctrica debidamente equipada y una cisterna para agua potable con sistema de bombeo para abastecerse en períodos de escasez.

La DOM ejecuta 13 proyectos de reconstrucción de parques a escala nacional, sumando cuatro a la fecha de los cuales también han sido entregados de los distritos de El Refugio, en Ahuachapán; Torola en Morazán y San Francisco Morazán, en Chalatenango.

De un total de 34 iniciativas ejecutadas en el departamento de San Vicente, este parque es una de las ocho obras completadas y entregadas por la DOM.

Entre los proyectos entregados está la revitalización del centro histórico de la cabecera departamental, que incluyó la renovación del parque Antonio José Cañas, la torre vicentina y la plazuela Álvaro Quiñónez y Osorio como las calles adyacentes.

Destaca también la clínica de hemodiálisis en Tecoluca, que ha evitado que los pacientes se desplacen hasta San Salvador para recibir tratamiento.

Asimismo, la DOM ha modernizado con concreto hidráulico más de 3.1 kilómetros de calles urbanas en Apastepeque, 1.2 kilómetros de calles en San Lorenzo y 3.2 kilómetros en Verapaz.

Entre las calles rurales pavimentadas está la calle que conduce del río a la comunidad Nao del cantón Candelaria en San Cayetano Istepeque, el tramo de calle contigua a la 6a. calle Oriente en San Ildefonso, la calle del cantón Santa Lucía, caserío Los Peñas en San Lorenzo, entre otros.

De esta manera, el Gobierno demuestra el buen uso y manejo de los recursos públicos, reafirmando la tesis de que el dinero alcanza cuando nadie roba.