Sucesos
Niño de 10 años queda huérfano por muerte de su padre, el doctor Saravia, debido al coronavirus
Hector Saravia, un médico psiquiatra salvadoreño, murió la tarde del martes bajo sospechas de coronavirus. El Ministerio de Salud descartó que la muerte haya sido por la nueva enfermedad, pero eso no cambia la realidad de su familia ni de su hijo, un pequeño de 10 años que se ha quedado sin padres.
La muerte del galeno fue anunciada el martes 11 de mayo, en medio de una conferencia de las autoridades que confirmaban la muerte de dos personas por Covid-19.
Héctor era padre de un pequeño de 10 años, Raúl (nombre cambiado por protección de identidad), que tendrá que vivir el resto de sus días sin la guía de sus progenitores.
A sus escasos años el niño perdió a su padre, pero dos años antes su madre, Delis Ruiz, quien también era doctora, murió producto de un accidente de tránsito al salir de su turno en un hospital, dijo el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela.
“Dentro de la dirección (del Colegio Médico) tenemos dos compañeros que son psiquiatras y que lo conocían a él, nos han comentado que hace dos años la esposa (de Héctor) tuvo un accidente y falleció”, indicó el galeno.
“Ahora que ha pasado esto, no sabemos cómo va a quedar en el desamparo. Nosotros estamos viendo cómo nos comunicamos con la familia para ver también en qué le podemos ayudar”, agregó Brizuela.
Ante la tragedia, familiares y amigos han hecho una petición al Gobierno a que se le brinde una pensión al pequeño para cubrir las necesidades económicas.
“Él (Raúl) necesita apoyo para continuar su sobrevivencia, crecimiento y desarrollo, un apoyo económico para su alimentación, vivienda, estudio, salud, recreación y pago de cuidador; todas necesidades básicas para su edad, que si bien no suplirán el vacío ante la ausencia de sus padres, favorecerán el cumplimiento de sus derechos como niño”, señala la petición.
El doctor Brizuela agregó que Saravia trabajó con la Policía Nacional Civil (PNC) dando asistencia psicológica a los agentes en la clínica que tiene la institución en la colonia Médica, de San Salvador.
Salud descartó muerte por coronavirus
El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, informó que la prueba que se le hizo al galeno dio negativo al coronavirus y reveló que la causa de muerte fue un problema cardiovascular acompañado de hipertensión mal tratada.
“La prueba ya fue reportada y es negativa, el paciente no tuvo una complicación por coronavirus. Se trata de un paciente con un problema cardiovascular, una hipertensión arterial poco controlada, de difícil manejo. Se identificó, hablando con los intensivistas, un marcado edema pulmonar probablemente relacionado a la hipertensión, desarrolló una arritmia y después la letalidad”, explicó el ministro.
Antes de la confirmación por parte del ministerio de Salud, el presidente del Colegio Médico había indicado que el caso se había catalogado como “altamente sospechoso”.
“Clínicamente el caso de era altamente sospechoso… por el deterioro clínico que presentó fue el comportamiento de un caso grave de Covid-19”, comentó Brizuela.
Agregó que para la sepelio del médico se implementaron las medidas como si se tratara de un caso de Covid-19.
«Lo manejaron con todo el protocolo como que era una persona con infección de Covid-19; de hecho, todo el proceso lo hicieron con ese protocolo», agregó.
Durante la pandemia han muerto tres personas del personal de salud, la encargada de farmacia de un centro médico, un doctor retirado y Héctor Saravia.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
