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Solicitud de desafuero contra el director de la PNC es un ataque directo al Plan Control Territorial, asegura ministro de la Defensa
La solicitud de desaforar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, realizada por el fiscal general, Raúl Melara, fue considerada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, como un ataque directo contra el Plan Control Territorial.
“Atacar al comisionado Arriaza Chicas es atacar de manera directa al Plan Control Territorial, que tanta tranquilidad está llevando a nuestra población (…) Como miembros de la Fuerza Armada reiteramos nuestro apoyo al comisionado Arriaza Chicas”, manifestó el funcionario.
Merino destacó que con la estrategia de seguridad el Gobierno ha logrado una reducción del 50 % en los homicidios y otros delitos. Desde el 20 de junio de 2019 que se puso en marcha, se contabilizan 34 días sin homicidios en el país.
El militar hizo hincapié en que estos resultados no serían posibles sin el liderazgo del comisionado Arriaza Chicas al frente de la institución policial, y que el plan se ha convertido en un modelo a nivel internacional y ha sido replicado por otras naciones.
Transmisión : https://bit.ly/38vJJ0N
Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo el conteo y pesaje de 4,341 kilos de cocaína que serán destruidos.
Esta cantidad de droga es el resultado de diversas operaciones realizadas por la Marina Nacional durante el mes de enero de 2025.
#Antinarcóticos I Durante los decomisos también se realizaron capturas de varios extranjeros que se transportaban en las embarcaciones, 8 ecuatorianos y 1 colombiano, quienes ya se encuentran enfrentando un proceso penal.
Los detenidos fueron:
▶️Gabriel Ignacio Muente Delgado… pic.twitter.com/QYeI3jNAfS— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 31, 2025
Estas acciones contra el narcotráfico han permitido la captura de varias personas de diferentes nacionalidades, quienes ya se encuentran bajo custodia en centros penitenciarios.
El valor comercial estimado de la cocaína que será destruida a $109,132,740.00, destacando así la magnitud de los esfuerzos realizados por las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas.
En las primeras horas de este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo el procesamiento de la escena donde se encontró el cuerpo sin vida de un joven en Jucuarán, Usulután.
Según las investigaciones preliminares, el fallecido, conocido en la comunidad por su participación en las festividades, celebraba el inicio de las fiestas patronales cuando, aparentemente, sufrió una intoxicación por agua ardiente, lo que le ocasionó la muerte.
Las autoridades han descartado la posibilidad de que la muerte del joven haya sido resultado de un hecho violento. Sin embargo, se espera que los resultados de la autopsia proporcionen información definitiva sobre las causas del deceso.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha cumplido dos años de operación en El Salvador, un proyecto inaugurado por el presidente Nayib Bukele. Este centro penitenciario, que alberga un total de 40.000 internos, se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia en el país.
Belarmino García, director del CECOT, destacó que en este centro se encuentran excluidos asesinos seriales y otros criminales que han perdido sus derechos.
La instalación, ubicada en el distrito de Tecoluca, en el municipio de San Vicente Sur, se extiende por 236 manzanas, de las cuales 33 están destinadas a la construcción, lo que representa un área siete veces mayor que el estadio Cuscatlán.
Una de las características más notables del CECOT es que los pandilleros allí confinados no tienen acceso a la luz solar, lo que les impide distinguir entre el día y la noche. Este régimen de aislamiento se complementa con un robusto dispositivo de seguridad, respaldado por la Policía y las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, el CECOT alberga aproximadamente 18.000 individuos vinculados a pandillas, muchos de ellos considerados de alta jerarquía, incluyendo jefes de clicas, palabreros, corredores de programas y sicarios, así como fundadores de grupos terroristas.
La instalación continúa siendo un tema de debate en la sociedad salvadoreña, donde se discuten los aspectos éticos y legales de las condiciones de reclusión y el enfoque del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
