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Señalan a exfiscal Douglas Meléndez y exjefe UIF, Jorge Cortez, son señalados de utilizar a un mismo testigo criteriado para “fabricar” sonados casos
El abogado Sergio Manuel Peñate Fajardo, quien formó parte del concejo municipal de Ayutuxtepeque y fue aspirante al cargo de coordinador general del partido político FMLN, hizo público este día que presentó denuncia penal en contra del exfiscal general de la República Douglas Arquímides Meléndez, los exjefes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Jorge Orlando Cortez y Tovías Armando Menjivar; los exfiscales Auxiliares, Héctor Nahún Martínez y David Ramírez Guevara; así como también contra otros agentes fiscales que aún se encuentran formando parte de la Fiscalía.
Los antes mencionados, fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de Omisión de Investigación, Fraude Procesal y Falso Testimonio (este último solamente en contra de Tovías Menjiva) ilícitos que habrían sido cometidos al manipular, alterar o suprimir información a través de los diversos testimonios que ha brindado el “testigo criteriado” que es un exjefe UIF, con los que se han aperturado varios expedientes en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y el exfiscal general Luis Martínez, uno de ellos el caso “Corruptela”, que de acuerdo al denunciante, fue “creado” bajo instrucción del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba su reelección y para ello necesitaba un “Show mediático” después de perder toda su credibilidad al otorgar un proceso abreviado al expresidente Elías Antonio Saca, con lo que evitó que se conociera la totalidad de los beneficios y provechos ilegales obtenidos como por ejemplo, el financiamiento ilícito al Partido ARENA, los sobresueldos de funcionarios públicos y “mentas” a periodistas.
Para el profesional del derecho, conforme a lo que ha podido verificar por información contenida en distintas notas de los medios de prensa, el caso “Corruptela” se fabricó con la declaración como testigo criteriado por parte del exjefe UIF y por las confesiones de cuatro fiscales auxiliares y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron presionados por sus propios compañeros fiscales asignados al caso, bajo la dirección de Jorge Orlando Cortez.
También destacó el abogado denunciante, que es curioso que casos que en teoría tienen líneas de investigación distintas, se encuentren sostenidos por las declaraciones del exjefe UIF. Solamente en el caso del expresidente Funes, existe una que fue formulada inicialmente para proceder contra el expresentador televisivo Jorge Hernández, otra en el expediente del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por movimientos financieros efectuados por el expresidente Francisco Flores, a través de cheques provenientes de Taiwán y que fueron a parar a organizaciones que manejaban los fondos de ARENA y la tercera, en el antes referido caso “corruptela” donde basado en el testimonio del exjefe UIF, en los tres casos, esas declaraciones han sido fundamento para emitir órdenes de captura contra Mauricio Funes.
Por otra parte, el denunciante manifiesta que con relación al exfiscal Luis Martínez, también el exjefe UIF aparece como testigo criteriado y con su testimonio perfila dos acusaciones en contra del primero, una es siempre en el caso corruptela y la otra en el conocido como caso “Rais Martínez” y en ambas brinda declaraciones contradictorias, de las que se desprenden indicios para considerar que sus confesiones se han ido ajustando para calzar con los hechos que la fiscalía pretendía probar.
De acuerdo a Peñate, no se trata con su denuncia, por ningún motivo justificar conductas que les son incriminadas ni a Mauricio Funes, ni al exfiscal Martínez, se trata de “defender la legalidad de las pruebas y el debido proceso que es una garantía del Estado de Derecho, del que forman parte integral los jueces, la fiscalía y en general todos los abogados en el libre ejercicio de la profesión, pues cualquier persona puede llegar a verse sometida a un proceso penal y en esa circunstancia es importante encontrarse con instituciones imparciales e independientes, que velen por los derechos y garantías de acusados y víctimas”.
Recordó además que él mismo tuvo que afrontar acusaciones infundadas, pero que al final prevaleció el derecho y la justicia, siendo ese el interés de poner bajo la lupa el trabajo de los agentes fiscales, pues hay una percepción generalizada que se trata de una institución que en ciertos casos se convierte en acusadora a ultranza, con pocas o nulas pruebas y en otros da la impresión de no proceder aunque existan hechos notorios que dan apariencia del cometimiento de delitos.
Sobre el uso de los testigos criteriados, Peñate no pasa por alto, que en múltiples ocasiones, a pesar que los casos se inician por las declaraciones de estos y se sostienen durante toda la etapa de instrucción, los Jueces que conocen de la vista pública no les acreditan veracidad porque se contradicen en elementos tan fundamentales de sus confesiones, que si se hubieran podido controvertir en etapas previas evitarían el desgaste jurisdiccional, pero más importante, significaría que una persona sobre la que no hay suficientes pruebas de culpabilidad no deba permanecer arbitrariamente entre 24 a 36 meses detenido en una bartolina o centro penitenciario.
Por eso, le parece emblemático que se revise la situación del exjefe UIF, quien también aparece como testigo criteriado en el caso tramitado contra Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”, donde ha manifestado, como lo hizo ver ya en una publicación del 23 de octubre de 2018, LA PRENSA GRÁFICA, que fue el exfiscal PORTADA (https://lanoticiasv.com) EN VIVO (https://lanoticiasv.com/cat/en-vivo) 19/12/2020 La Noticia Sv https://lanoticiasv.com/denuncian-que-exfiscal-douglas-melendez-y-exjefe-uif-jorge-cortez-utilizaron-a-un-mismo-testigo-crit 3/6 Martínez quien le ordenó el archivo del expediente 22UIF2014 en el que se investigaba a Chepe Diablo y otros allegados por delitos relacionados con Lavado de Dinero y Activos.
Pero, a pesar de estas afirmaciones, de acuerdo a Peñate una fuente judicial le confirmó que por esos hechos no existe acusaciones en el Juzgado 4º de Instrucción, como si hubo por supuestas dádivas en contra del expresidente Mauricio Funes. “¿Por qué se supone que el ex fiscal ordenó cerrar de forma contraria a la ley un expediente contra ‘Chepe Diablo’, pero resulta que en el caso corruptela, que se inició posteriormente no hay acusaciones contra este, por dádivas a Martínez, o se supone que cerró la investigación sin ningún beneficio?”, cuestionó.
Esta clase de contradicciones, son las que no dan certeza -a criterio del abogado- sobre el hilo conductor que se supone debía ser el testigo criteriado. Más parece que va saltando de proceso en proceso diciendo lo que se acomoda al caso, advirtió. “Hay que recordar que el criteriado, aún no se ha librado de ser procesado por los delitos por los que se le ha otorgado ese beneficio, pues para ello deben ser eficientes y eficaces sus declaraciones para las resultas del juicio”, apuntó.
Por último, también manifestó que en su denuncia hay una exigencia para que haya una revisión interna por posibles omisiones en la investigación. Por ejemplo, se ha dicho en distintos medios de prensa y es un secreto a voces en pasillos judiciales, que el caso “corruptela” inició como una investigación por situaciones sospechosas en el manejo financiero de Banco Promérica, S.A., pero luego nada se sabe de esta, sencillamente desaparece del proceso penal; también con respecto a por qué no se investigó y procesó a Oscar Ortiz, cuando aparece vinculado a “Chepe Diablo por dichos de peritos judiciales -según ciertos medios de prensa- a ciertas actividades que podrían ser constitutivas del delito de lavado de dinero, previno el abogado.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a un centro penitenciario en El Salvador, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.
El traslado del exfuncionario marca el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, luego de que la justicia confirmara su culpabilidad y dictara medidas complementarias, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Autoridades penitenciarias recibieron a Quijano en cumplimiento de los protocolos de seguridad, asegurando que permanecerá bajo custodia mientras se cumple la totalidad de la condena.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las elecciones de 2014, Norman Quijano, arribó la tarde de este lunes a El Salvador procedente de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General de la República.
«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
En abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los magistrados del tribunal superior le impusieron la condena por haberse reunido con pandillas y negociar con los principales cabecillas, una gama de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción que fue calificada por la Cámara como fraude electoral.
Pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, incriminaron al político, así quedó establecido en la sentencia que ya cobró firmeza.
«Quijano fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA», menciona la Fiscalía en su publicación.
Durante el juicio, los magistrados le dieron validez a videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por ARENA.
A cambio, Quijano les dijo a los pandilleros que si le daban el voto cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Cámara también escuchó la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo expresado por Noé reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
«Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña. Agradecemos a las autoridades de los Estados Unidos por la colaboración brindada, lo que ha permitido llevar a Norman Quijano ante la justicia», destacó la Fiscalía.
Otros políticos condenados
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, condenó el septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
Al exdiputado y exministro de Seguridad, Benito Lara, así como al exministro de Gobernación Arístides Valencia, la pena impuesta es de 28 años; 20 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.
A Ernesto Muyshondt, el tribunal lo sentenció a una condena de 18 años de prisión, seis años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral.
Para los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, la condena es de 18 años; 12 por fraude electoral y seis por agrupaciones ilícitas.
El Gobierno de El Salvador entregará de 16 tipos de paquetes escolares, diseñados de acuerdo con el grado académico y las necesidades específicas de los estudiantes del sistema público, como parte de la estrategia para garantizar el acceso a herramientas digitales.
«Vamos a entregar 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el grado y las necesidades de cada estudiante», detalló la ministra de Educación, Karla Trigueros.
De acuerdo con la funcionaria, los paquetes serán entregados de forma gratuita, completa y oportuna, sin que los padres de familia deban realizar ningún pago ni trámite adicional para acceder a este beneficio.
«Estos paquetes escolares serán ampliados, estarán a tiempo y serán entregados de una sola vez. Son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo por recibirlos», indicó Trigueros.
Trigueros enfatizó que el único requisito para recibir los paquetes escolares es que los estudiantes estén debidamente inscritos en un centro educativo del sistema público, asegurando que no se deben llenar formularios ni entregar dinero a cambio del paquete.
La ministra explicó que los paquetes han sido diseñados de manera diferenciada, iniciando desde la primera infancia hasta el nivel de bachillerato, incorporando uniformes, útiles escolares, libros y dispositivos tecnológicos, según el nivel académico.
«Son 16 tipos de paquetes escolares. En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas», explicó la ministra.
Para los estudiantes de primer grado, el apoyo incluirá un dispositivo de mayor tamaño (Tablet de 10”), además del kit tradicional de útiles y uniforme escolar.
En el caso de cuarto grado, el paquete escolar incorporará una computadora, fortaleciendo el acceso a la tecnología desde edades tempranas.
«Todos los estudiantes de cuarto grado recibirán una computadora, además de uniformes, libros y útiles escolares», explicó la funcionaria.
Apoyo a estudiantes de bachillerato
Para el nivel de educación media, los paquetes también contemplan dispositivos electrónicos para aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema público.
«En bachillerato, los estudiantes recibirán uniformes, libros, útiles escolares y dispositivo electrónico si es la primera vez que ingresan al sistema público», dijo.
Asimismo, la ministra aclaró que los estudiantes que concluyan el bachillerato no devolverán los equipos tecnológicos, los cuales podrán ser utilizados para continuar su formación académica o incorporarse al mercado laboral.
El Salvador ha realizado una inversión histórica de más de $800 millones en dispositivos tecnológicos, lo que ha beneficiado a los estudiantes del sistema público y ha significado un apoyo económico para las familias salvadoreñas.
La entrega de estos paquetes escolares forma parte de los esfuerzos del Estado para cerrar brechas digitales y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje para los estudiantes del sistema público a nivel nacional.
