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Señalan a exfiscal Douglas Meléndez y exjefe UIF, Jorge Cortez, son señalados de utilizar a un mismo testigo criteriado para “fabricar” sonados casos
El abogado Sergio Manuel Peñate Fajardo, quien formó parte del concejo municipal de Ayutuxtepeque y fue aspirante al cargo de coordinador general del partido político FMLN, hizo público este día que presentó denuncia penal en contra del exfiscal general de la República Douglas Arquímides Meléndez, los exjefes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Jorge Orlando Cortez y Tovías Armando Menjivar; los exfiscales Auxiliares, Héctor Nahún Martínez y David Ramírez Guevara; así como también contra otros agentes fiscales que aún se encuentran formando parte de la Fiscalía.
Los antes mencionados, fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de Omisión de Investigación, Fraude Procesal y Falso Testimonio (este último solamente en contra de Tovías Menjiva) ilícitos que habrían sido cometidos al manipular, alterar o suprimir información a través de los diversos testimonios que ha brindado el “testigo criteriado” que es un exjefe UIF, con los que se han aperturado varios expedientes en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y el exfiscal general Luis Martínez, uno de ellos el caso “Corruptela”, que de acuerdo al denunciante, fue “creado” bajo instrucción del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba su reelección y para ello necesitaba un “Show mediático” después de perder toda su credibilidad al otorgar un proceso abreviado al expresidente Elías Antonio Saca, con lo que evitó que se conociera la totalidad de los beneficios y provechos ilegales obtenidos como por ejemplo, el financiamiento ilícito al Partido ARENA, los sobresueldos de funcionarios públicos y “mentas” a periodistas.
Para el profesional del derecho, conforme a lo que ha podido verificar por información contenida en distintas notas de los medios de prensa, el caso “Corruptela” se fabricó con la declaración como testigo criteriado por parte del exjefe UIF y por las confesiones de cuatro fiscales auxiliares y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron presionados por sus propios compañeros fiscales asignados al caso, bajo la dirección de Jorge Orlando Cortez.
También destacó el abogado denunciante, que es curioso que casos que en teoría tienen líneas de investigación distintas, se encuentren sostenidos por las declaraciones del exjefe UIF. Solamente en el caso del expresidente Funes, existe una que fue formulada inicialmente para proceder contra el expresentador televisivo Jorge Hernández, otra en el expediente del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por movimientos financieros efectuados por el expresidente Francisco Flores, a través de cheques provenientes de Taiwán y que fueron a parar a organizaciones que manejaban los fondos de ARENA y la tercera, en el antes referido caso “corruptela” donde basado en el testimonio del exjefe UIF, en los tres casos, esas declaraciones han sido fundamento para emitir órdenes de captura contra Mauricio Funes.
Por otra parte, el denunciante manifiesta que con relación al exfiscal Luis Martínez, también el exjefe UIF aparece como testigo criteriado y con su testimonio perfila dos acusaciones en contra del primero, una es siempre en el caso corruptela y la otra en el conocido como caso “Rais Martínez” y en ambas brinda declaraciones contradictorias, de las que se desprenden indicios para considerar que sus confesiones se han ido ajustando para calzar con los hechos que la fiscalía pretendía probar.
De acuerdo a Peñate, no se trata con su denuncia, por ningún motivo justificar conductas que les son incriminadas ni a Mauricio Funes, ni al exfiscal Martínez, se trata de “defender la legalidad de las pruebas y el debido proceso que es una garantía del Estado de Derecho, del que forman parte integral los jueces, la fiscalía y en general todos los abogados en el libre ejercicio de la profesión, pues cualquier persona puede llegar a verse sometida a un proceso penal y en esa circunstancia es importante encontrarse con instituciones imparciales e independientes, que velen por los derechos y garantías de acusados y víctimas”.
Recordó además que él mismo tuvo que afrontar acusaciones infundadas, pero que al final prevaleció el derecho y la justicia, siendo ese el interés de poner bajo la lupa el trabajo de los agentes fiscales, pues hay una percepción generalizada que se trata de una institución que en ciertos casos se convierte en acusadora a ultranza, con pocas o nulas pruebas y en otros da la impresión de no proceder aunque existan hechos notorios que dan apariencia del cometimiento de delitos.
Sobre el uso de los testigos criteriados, Peñate no pasa por alto, que en múltiples ocasiones, a pesar que los casos se inician por las declaraciones de estos y se sostienen durante toda la etapa de instrucción, los Jueces que conocen de la vista pública no les acreditan veracidad porque se contradicen en elementos tan fundamentales de sus confesiones, que si se hubieran podido controvertir en etapas previas evitarían el desgaste jurisdiccional, pero más importante, significaría que una persona sobre la que no hay suficientes pruebas de culpabilidad no deba permanecer arbitrariamente entre 24 a 36 meses detenido en una bartolina o centro penitenciario.
Por eso, le parece emblemático que se revise la situación del exjefe UIF, quien también aparece como testigo criteriado en el caso tramitado contra Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”, donde ha manifestado, como lo hizo ver ya en una publicación del 23 de octubre de 2018, LA PRENSA GRÁFICA, que fue el exfiscal PORTADA (https://lanoticiasv.com) EN VIVO (https://lanoticiasv.com/cat/en-vivo) 19/12/2020 La Noticia Sv https://lanoticiasv.com/denuncian-que-exfiscal-douglas-melendez-y-exjefe-uif-jorge-cortez-utilizaron-a-un-mismo-testigo-crit 3/6 Martínez quien le ordenó el archivo del expediente 22UIF2014 en el que se investigaba a Chepe Diablo y otros allegados por delitos relacionados con Lavado de Dinero y Activos.
Pero, a pesar de estas afirmaciones, de acuerdo a Peñate una fuente judicial le confirmó que por esos hechos no existe acusaciones en el Juzgado 4º de Instrucción, como si hubo por supuestas dádivas en contra del expresidente Mauricio Funes. “¿Por qué se supone que el ex fiscal ordenó cerrar de forma contraria a la ley un expediente contra ‘Chepe Diablo’, pero resulta que en el caso corruptela, que se inició posteriormente no hay acusaciones contra este, por dádivas a Martínez, o se supone que cerró la investigación sin ningún beneficio?”, cuestionó.
Esta clase de contradicciones, son las que no dan certeza -a criterio del abogado- sobre el hilo conductor que se supone debía ser el testigo criteriado. Más parece que va saltando de proceso en proceso diciendo lo que se acomoda al caso, advirtió. “Hay que recordar que el criteriado, aún no se ha librado de ser procesado por los delitos por los que se le ha otorgado ese beneficio, pues para ello deben ser eficientes y eficaces sus declaraciones para las resultas del juicio”, apuntó.
Por último, también manifestó que en su denuncia hay una exigencia para que haya una revisión interna por posibles omisiones en la investigación. Por ejemplo, se ha dicho en distintos medios de prensa y es un secreto a voces en pasillos judiciales, que el caso “corruptela” inició como una investigación por situaciones sospechosas en el manejo financiero de Banco Promérica, S.A., pero luego nada se sabe de esta, sencillamente desaparece del proceso penal; también con respecto a por qué no se investigó y procesó a Oscar Ortiz, cuando aparece vinculado a “Chepe Diablo por dichos de peritos judiciales -según ciertos medios de prensa- a ciertas actividades que podrían ser constitutivas del delito de lavado de dinero, previno el abogado.
A menos de un año de la fiesta democrática que se celebrará en El Salvador, el 28 de febrero de 2027, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los 44 concejos municipales, algunos partidos políticos han comenzado a organizarse.
Están habilitados a la fecha, según el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 11 institutos políticos; los representantes de algunos de esos, como el caso del presidente del Coena, Carlos García Saade, y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, han confirmado que participarán en las tres competencias para cargos públicos.
A estos se suma GANA que, de acuerdo a su vicepresidente, Guillermo Gallegos, estaría dispuesto a apoyar la eventual candidatura de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; sin embargo, aseguró que el instituto naranja participarán en la presidencial «con o sin coalisión».
El 6 de marzo anterior los partidos políticos se reunieron con las autoridades del TSE, con el objetivo de conocer los detalles de la convocatoria y desarrollo de las elecciones internas; pero algunos han expresado no tener aún claridad de en cuáles elecciones participarán.
Para el caso del PDC, ha expresado que participará solo en las elecciones legislativas y municipales, descartando cualquier aspiración con una fórmula presidencial para el sexenio 2027-2033.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, aseguró a «Diario El Salvador» que de momento han determinado participar en las legislativas y municipales, y están analizando si es conveniente competir en la presidencial.
Rodríguez indicó que actualmente el PCN es la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que deben ser parte de los próximos comicios, y según lo que establece el capítulo V del Código Electoral todos los partidos contendientes tienen el derecho a la vigilancia de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos en adelante.
«Sabemos que si participamos en todos los departamentos y si participamos en todo lo que es mesa y todo eso, nosotros necesitamos 11,784 personas para ese evento, entre vigilantes propietarios, supervisores propietarios, jefes de centros propietarios», detalló.
Agregó que para conformar los organismos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Distritales, necesitan otras 8,900 personas.
Por ello, aseguró que el trabajo es bastante, pero «lo primero que hemos hecho es mandado ya al tribunal la conformación de la CEN, o sea, la Comisión Electoral Nacional, que es la que maneja la parte de los de las elecciones internas».
Las autoridades del partido Democracia Salvadoreña aún no han determinado si van a participar en la elección presidencial. Su secretario general, Ezequiel Mendoza, expresó que debido a que no participaron en las elecciones anteriores ahora están «obligados a concursar», a fin de que el TSE no inicie un proceso de cancelación, de acuerdo con la normativa electoral.
Una situación similar es la de PAIS, que no tiene dirigencia, desde que su fundador Roy García fue implicado en un caso judicial; actualmente algunos afiliados quieren retomar el control.
Principal
Vicepresidente Ulloa asiste a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la República de Chile para participar en la Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una primera reunión con el propósito de reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación.
Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre las oportunidades para consolidar una asociación estratégica en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad, destacando la importancia de continuar promoviendo nuevas experiencias entre ambas naciones.
Expresaron su interés en fortalecer una agenda de cooperación bilateral orientada a la definición de proyectos clave para el período 2026-2028, en ámbitos como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación, agroindustria y otros sectores estratégicos para el desarrollo. De igual manera destacaron el interés en promover una agenda económica en comercio, inversiones y turismo, incluyendo la posibilidad de una misión empresarial chilena a El Salvador, como parte de los esfuerzos para dinamizar las relaciones económicas.
Finalmente, dialogaron sobre la visita del Presidente Kast a El Salvador, durante la cual pudo constatar la realidad de paz que vive el país. Asimismo, el Vicemandatario se refirió a la posible visita del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a Chile en mayo, como una muestra de reciprocidad, cercanía política y visión compartida de futuro.
Este acercamiento reafirma el compromiso de El Salvador con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Chile, sobre la base del diálogo político, la cooperación estratégica y la construcción de una agenda económica común.
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.
