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Según fiscal general Rodolfo Delgado con el régimen de excepción todos los delitos han reducido 35%
Desde que fue implementado en el país el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, todos los delitos han tenido una reducción del 35%, confirmó el fiscal general Rodolfo Delgado.
El funcionario al frente de la institución que por mandato constitucional tiene el monopolio de la investigación, proporcionó el informe ante los cuestionamientos de quienes están en contra del régimen de excepción.
«La restricción de las garantías constitucionales se han aplicando de forma mesurada, porque nos basamos en la información que ya ha sido recopilada por la Policía Nacional Civil», sostuvo el fiscal general.
Mencionó que los resultados logrados en el marco de régimen de excepción se ven reflejados con los 45,849 pandilleros y colaboradores que luego de la primera audiencia del proceso penal quedaron en detención en diversos centros penales.
El delito acusado a todos es el de agrupaciones ilícitas que el pasado 30 de marzo fue reformado y que castiga con prisión de 20 años a los colaboradores, 30 a los miembros activos y hasta 45 años a los cabecillas.
Así mismo, la Ley Penal Juvenil fue modificada para que a partir de los 12 años un menor sea juzgado como adultos y pueden recibir 10 años de cárcel y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años de prisión.
Rodolfo Delgado, dijo que como Fiscalía General de la República han presentado 1,158 solicitudes de imposición de medidas [requerimientos] en contra de pandilleros donde además de agrupaciones ilícitas han acusado por otros delitos de crimen organizado ante los 15 juzgados especializados de instrucción.
Liberan a personas que no son pandilleros o colaboradores El funcionario agregó que 687 personas fueron puestas en libertad tras comprobarse que no tenían vínculo con pandillas. «Quiero decirle al pueblo salvadoreño que la Fiscalía tiene un compromiso con la objetividad en las investigaciones que estamos realizando, estamos comprometidos en aplicar la ley de manera adecuada» sostuvo.
El titular del ministerio público manifestó que «todas las herramientas legales que nos dio la Asamblea Legislativa han contribuido para que la Fiscalía pueda cumplir con su rol de defender los intereses de la sociedad y del Estado».
Según Delgado en el país se venía de una sociedad donde la seguridad se había convertido en un negocio, en su análisis expresó que «durante todo este tiempo las pandillas lograron un nivel de organización complejo, ellos pretendían incluso sustituir al Estado mediante la intimidación y cometiendo actos criminales» y que como fiscal general debe considerar a todos los delincuentes como enemigos del Estado.
El funcionario mencionó que las estructuras de las pandillas alcanzaron un nivel de organización bastante compleja y que el fortalecimiento los obtuvieron en los gobiernos anteriores.
En las investigaciones realizadas han descubierto que la mayoría de mareros dejaron la escuela en los primeros años educativos y que de forma deliberada acechaban los centros educativos para reclutar niños.
Actualmente en la guerra contra las pandillas, la institución que preside está trabajando de forma articulada con el Ejecutivo y con cada una de las secretarías que integran el Consejo de Ministros, en especial con el Ministerio de Seguridad y con la PNC que es una entidad auxiliar de la Fiscalía, según lo establece la Constitución.
«Las víctimas son la razón de ser de la Fiscalía General de la República, espero en el futuro dejar una Fiscalía que tenga agentes auxiliares más objetivos que acusen cuando tengan que acusar, pero que tengan la entereza de decir cuando una persona no se deba procesar», expresó Rodolfo Delgado.
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
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La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
Mauricio Iván Hernández Espinoza purgará 16 años de prisión por haber extorsionado a una víctima en Jayaque, La Libertad Oeste, durante el 2015. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
La investigación fiscal determinó que la víctima estuvo pagando la extorsión semanalmente durante ocho años. Todo inició en el 2015, cuando la víctima iba rumbo a su trabajo a la altura de cantón Las Flores, Distrito de Jayaque.
«El imputado interceptó a la víctima y le manifestó ser miembro de la MS-13 y le dijo que para no atentar contra su vida y la de su famililla tenía que pagarle una alta suma de dinero semanal, a cambio de dejarlo trabajar en la zona», informó la Fiscalía General de la República.
Fue hasta en marzo de 2022 que la víctima decidió denunciar al pandillero ante la Policía Nacional Civil y mediante entrega controlada de dinero lo capturaron el 5 de julio del 2023 cuando recibía el pago de la extorsión.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial en la que se demostró la participación de Hernández y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
