Nacionales
Sala resuelve que detenciones de ciudadanos y confinamientos forzosos en centros de contención son ilegales
La Sala de lo Constitucional delegó al procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, a vigilar e informar cada cinco días sobre el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas para que los ciudadanos no sean privados de libertad por la PNC ni FAES por incumplir la cuarentena impuesta en el decreto presidencial número 19, y a que no sean llevados por la fuerza a centros de contención.
La Sala dictaminó que, mientras no haya una ley formal o no se cumplan requisitos del Código de Salud para confinar a una persona a cuarentena, las acciones como retener a las personas están prohibidas, advirtiendo que normarlas a través de decretos ejecutivos es “usurpar” las funciones del Legislativo.
El presidente de la República, Nayib Bukele, emitió el lunes por Twitter un decreto que ordena a la ciudadanía entre otras cosas, cumplir la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del covid-19, y que aquellos que sean sorprendidos infringiendo la ley de Emergencia Nacional, sean retenidos y enviados a un centro de contención por un periodo de 30 días.
Según la resolución de la Sala el decreto no puede aplicar el confinamiento forzoso pues se estarían violentando los derechos constitucionales de los ciudadanos, aunque pidió en la misma sentencia, que la Asamblea Legislativa regule junto al ministerio de Salud esta situación para establecer «las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Sala».
Los magistrados aclararon que el Ejecutivo no es el órgano autorizado por la Constitución para crear leyes, sino que esta es potestad del Legislativo, por lo que calificó el decreto presidencial como «un abuso» de parte del Ejecutivo por no haber contado con la aprobación de la Asamblea.
Los ciudadanos pueden ser trasladados a un centro de contención solo si se comprueba un posible contagio o exposición al coronavirus, resolvió la Sala.
«Recordaron que las resoluciones de la Sala “no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones” sujetas a la interpretación de las autoridades sino “órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
Los magistrados recordaron al Ejecutivo que sus resoluciones “no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones” sujetas a la interpretación de las autoridades sino “órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”. “No pueden ser incumplidas, irrespetadas, tergiversadas ni manipuladas para evadir los mandatos de este tribunal”, señaló el tribunal constitucional.
Los magistrados insistieron en que el manejo de la emergencia por COVID-19 debe tener “el pleno respeto de los derechos humanos” y “garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial”.
Sala ordena a PNC, FAES y Ministerio de Salud informe sobre personas privadas de libertad
La Corte Suprema de Justicia, ordenó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy; y al ministro de Salud, Francisco Alabí, a entregar en un plazo de 5 días máximo un informe sobre las personas que han sido retenidas hasta ahora y que han sido llevadas por la fuerza a centros de contención. Algunos se encuentran en bartolinas policiales.
El informe debe identificar además al funcionario, autoridad o empleado que haya participado en el confinamiento obligatorio.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
#NACIONALES Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Nota completa: https://t.co/bjLMoE960q pic.twitter.com/3s5OCsSKu4— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 17, 2025
De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
