Admiten que no existe violación a la carta magna planteada en una demanda contra la emisión de bonos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2019, así lo resolvieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La demanda cuya sentencia se dio a conocer este viernes 20 de diciembre en los perfiles de redes sociales de la Sala de lo Constitucional fue admitida en el mes de agosto de este año, y en la misma se plantea que existe un vicio de constitucionalidad porque en el decreto no se detalla el destino específico que tendrán los fondos obtenidos con la venta de los bonos.

Sin embargo, los magistrados de la citada Sala razonaron que “la decisión sobre el empleo de los recursos públicos no puede considerarse agotada por la aprobación de la ley que lo contiene, considerando que en todas las fases del proceso presupuestario se maneja una proyección anticipada sobre ingresos y gastos para un ejercicio fiscal”.

Los magistrados sentenciaron que “las líneas del gasto público que se cubren con dicho empréstito están debidamente detalladas en la mencionada ley, todo según los principios presupuestarios de especialidad, universalidad, equilibrio y de no afectación de ingresos”.

Los magistrados añadieron en sus valoraciones que “un estándar realista de la dinámica financiera y fiscal del estado requiere reconocer la necesaria ductilidad del presupuesto, sin menoscabo de los controles constitucionales y los límites que el marco legal impone para evitar su uso arbitrario”.