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Representante de la FAO en México, Lina Pohl, es prófuga en un proceso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en El Salvador
La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la salvadoreña Lina Pohl, se convirtió en prófuga de un proceso judicial por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, durante el período en el que fungió como ministra de Medio Ambiente, en la administración de Mauricio Funes al frente del Ejecutivo entre los años 2009-2014.
En la resolución del Juez Segundo de Paz dada a conocer la mañana de este miércoles en contra de 10 implicados en los delitos referidos, se ordenó prisión preventiva contra los cinco exfuncionarios del FMLN capturados el pasado jueves 22 de julio, mientras que para los cinco restantes giró orden de captura si se encuentran en el territorio nacional, y se solicitara la difusión roja de INTERPOL de los imputados que están fuera del país.
Hasta la semana anterior se tenía la certeza que Lina Pohl estaba en México, como representante de la FAO en territorio Mexicano; sin embargo, desde el pasado 22 de julio la exfuncionaria salvadoreña no ha tenido ninguna interacción en redes sociales, mientras que en la página oficial de la organización internacional aún aparece como su representante.
La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que Lina Pohl recibió de manera irregular más de $177 mil bajo la administración de Mauricio Funes; mientras que la mañana de este miércoles, 28 de julio, la fiscal del caso dijo desconocer el paradero de la exministra de Medio Ambiente, quien tiene varias denuncias en el ministerio público por actos arbitrarios y omisión de deberes.
La exministra de Medio Ambiente fue acusada también por el abogado Sergio Toruño por el delito de corrupción, luego que durante el tiempo en que estuvo al frente de dicha cartera de Estado autorizó el uso del botadero a cielo abierto ubicado en el cantón Melara, La Libertad, pese a que no cumplía con los requisitos de ley para su operación, ya que la capacidad máxima para tratar residuos sólidos era solo por la mitad de las toneladas que realmente procesaba.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 40 %, informó el director del Fovial, Alex Beltrán, en una entrevista que brindó a canal 10 este jueves.
De acuerdo con el funcionario, antes de iniciar la obra se llevaron a cabo estudios técnicos que incluyeron análisis de suelos, drenaje e hidrología, además del diseño de ingeniería necesario para ejecutar el proyecto.
Beltrán detalló que, hasta la fecha, ya se han pavimentado 2.5 kilómetros de los 12 que contempla la intervención total de la vía.
Además, destacó la importancia estratégica de esta carretera, al señalar que el cantón Los Toles se ubica a solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que abre oportunidades para el desarrollo comercial y turístico en la zona.
Asimismo, subrayó que la ejecución del proyecto ha generado empleos para los habitantes del sector.
«Estamos muy satisfechos, porque más allá de la pavimentación, aportamos a la economía de la zona, comercio, accesos a centros escolares, y por supuesto, la plusvalía de los terrenos», afirmó Beltrán.
Estos trabajos continuaran con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en esta zona fronteriza.
