Judicial
Reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR es avalada por la Sala de los Constitucional
La Sala de lo Constitucional avaló la reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con lo que se supera el veto presidencial que había impuesto el mandatario Salvador Sánchez Cerén a la reforma aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa que daba independencia a la UIF.
Según la resolución, la Sala considera que la reforma no implica invasión a la atribución de la Fiscalía de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza.
La reforma fue aprobada en la Asamblea, sin apoyo de GANA y FMLN. Sin embargo, Sánchez Cerén le impuso su veto. El partido oficial y el presidente alegaron que esta reforma representaba una duplicidad de labores, por lo que Sánchez Cerén lo vetó alegando que había inconstitucionalidad.
La Asamblea reaccionó y con los votos de ARENA, GANA, PCN, PDC y los dos independientes se pusieron de acuerdo, tras conocerse que El Salvador fue suspendido de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países: el grupo Egmont, una entidad con sede en Canadá. Impidiéndole compartir información sobre casos de corrupción a escala internacional.
No obstante, el mandatario envió a la Sala la reforma para que fuese esgrimida en esa instancia. En aquel momento, aún no se habían elegido los magistrados. Sin embargo, este día ya hay una sentencia en firme.
Con esta reforma, ahora la UIF se independiza de la UIF con el fin de que tengan libertad para poder ejecutar investigaciones relacionadas a casos de corrupción y delitos de lavado de dinero y de activos.
Anteriormente, esta unidad estaba organizada y dirigida por el fiscal general y laboraba bajo una dependencia funcional del representante del ministerio público.
Información tomada de El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
