Judicial
Reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR es avalada por la Sala de los Constitucional
La Sala de lo Constitucional avaló la reforma que otorga autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con lo que se supera el veto presidencial que había impuesto el mandatario Salvador Sánchez Cerén a la reforma aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa que daba independencia a la UIF.
Según la resolución, la Sala considera que la reforma no implica invasión a la atribución de la Fiscalía de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza.
La reforma fue aprobada en la Asamblea, sin apoyo de GANA y FMLN. Sin embargo, Sánchez Cerén le impuso su veto. El partido oficial y el presidente alegaron que esta reforma representaba una duplicidad de labores, por lo que Sánchez Cerén lo vetó alegando que había inconstitucionalidad.
La Asamblea reaccionó y con los votos de ARENA, GANA, PCN, PDC y los dos independientes se pusieron de acuerdo, tras conocerse que El Salvador fue suspendido de la entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países: el grupo Egmont, una entidad con sede en Canadá. Impidiéndole compartir información sobre casos de corrupción a escala internacional.
No obstante, el mandatario envió a la Sala la reforma para que fuese esgrimida en esa instancia. En aquel momento, aún no se habían elegido los magistrados. Sin embargo, este día ya hay una sentencia en firme.
Con esta reforma, ahora la UIF se independiza de la UIF con el fin de que tengan libertad para poder ejecutar investigaciones relacionadas a casos de corrupción y delitos de lavado de dinero y de activos.
Anteriormente, esta unidad estaba organizada y dirigida por el fiscal general y laboraba bajo una dependencia funcional del representante del ministerio público.
Información tomada de El Salvador Times.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
