Judicial
Obligaban a las personas a abandonar sus inmuebles para después ocuparlos y convertirlos en “casas destroyer”: Conozca a los 23 imputados
El juzgado especializado de instrucción “C” decretó hoy instrucción formal con detención provisional contra 23 imputados procesados por organizaciones criminales, homicidios agravados, y ocupación violenta de espacios comunales habitacionales y de trabajo.
La jueza basó su resolución en los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la declaración de un testigo bajo régimen de protección.
Según datos, los facinerosos se daban a la tarea de organizarse para planificar hechos delincuenciales como amenazas, extorsiones, hurtos, robos entre otros; además, obligaban a las personas a abandonar sus inmuebles para después ocuparlos ellos y lo convertían en “casas destroyer”. Hasta la fecha se ha sabido de 14 lugares de ese tipo. Datos de las investigaciones, señalan que los justiciables operaban en la zona de barrio Modelo, calle Prado, condominio Emmanuel, calle y condominio 15 de Septiembre, Málaga, 130 y Montenegro.
Las víctimas de los homicidios agravados eran pandilleros de la mara contraria. Aparentemente los cadáveres los iban a lanzar en la colonia Providencia y por el túnel de la colonia San Patricio. Los ocho homicidios se registraron entre 2015 a 2018, las víctimas eran supuestos mareros contrarios que eran engañados por los presuntos culpables. La forma de matarlos era así: los distraían y al menor descuido les disparaban y luego les sustraían las vísceras. Los acusados fueron detenidos esta semana en los lugares ya referidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
