Judicial
Mujer denunció una “parranda” de sus vecinos en horas de la noche y éstos la golpearon en Mejicanos
Una mujer fue fuertemente golpeada en la cara por tres vecinos a quienes denunció ante la Policía por poner música estridente a altas horas de la noche en una colonia de Mejicanos en San Salvador.
Sonia (nombre modificado por seguridad), de 49 años de edad, sufría por las constantes fiestas con música estridentes que organizaban Óscar R., Flor A. y Sandra B. quienes no se preocupaban por no dejarla dormir.
La paciencia de la víctima llegó hasta el 22 de marzo del 2018, a las 8:30 de la noche, cuando los tres imputados iniciaron una fiesta con bebidas embriagantes, comida y sin faltar la música.
Los gritos y la algarabía habían inundado los pasajes, incluyendo en el que residía Sonia, quien tomó su celular y marcó el 911 para denunciar la situación; incluso la denunciante salió de su vivienda para que la operadora escuchara el desorden.
Los fiesteros observaron a la mujer cuando los delataba e inmediatamente salieron enfurecidos a increparla. Según la denuncia, Óscar Flor y Sandra se encontraban bajo efectos de drogas.
El ataque
Sonia no había colgado su teléfono cuando fue sorprendida por el hombre quien la tomó de la mano para que Sandra la golpeara en repetidas ocasiones hasta hacerla caer al suelo.
“Mira puta se te llegó el día, hoy te vamos a matar, ya mucho jodes”, fue la advertencia que los tres agresores le hicieron a la mujer que desde el suelo comenzó a buscar refugio en la casa de otro vecino.
Perseguida por los tres acusados, Sonia vio como una vecina curiosa se asomó a ver lo que pasaba, esto fue una luz en el camino para ella quien trató de correr para pedirle auxilio.
El intento de escape de la ofendida se frustró cuando Sandra la tomó del pelo para estrellar su cara contra el piso, tal cual pelea de lucha libre.
Las agresiones continuaron por varios minutos hasta que el esposo de Sonia salió a la calle y vio las agresiones que estaba sufriendo su amada.
El hombre comenzó correr y se encontró con el celular de su mujer tirado en la calle con el que llamó al 911 y con un grito fuerte les dijo que la policía ya venía en camino para detenerlos.
La advertencia del hombre provocó que los agresores huyeran en un carro particular; pero posteriormente fueron detenidos y procesados judicialmente por las lesiones causadas a la mujer.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador tiene previsto celebrar el juicio por este caso a finales del mes de febrero del presente año.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
