Judicial
Mujer denunció una “parranda” de sus vecinos en horas de la noche y éstos la golpearon en Mejicanos
Una mujer fue fuertemente golpeada en la cara por tres vecinos a quienes denunció ante la Policía por poner música estridente a altas horas de la noche en una colonia de Mejicanos en San Salvador.
Sonia (nombre modificado por seguridad), de 49 años de edad, sufría por las constantes fiestas con música estridentes que organizaban Óscar R., Flor A. y Sandra B. quienes no se preocupaban por no dejarla dormir.
La paciencia de la víctima llegó hasta el 22 de marzo del 2018, a las 8:30 de la noche, cuando los tres imputados iniciaron una fiesta con bebidas embriagantes, comida y sin faltar la música.
Los gritos y la algarabía habían inundado los pasajes, incluyendo en el que residía Sonia, quien tomó su celular y marcó el 911 para denunciar la situación; incluso la denunciante salió de su vivienda para que la operadora escuchara el desorden.
Los fiesteros observaron a la mujer cuando los delataba e inmediatamente salieron enfurecidos a increparla. Según la denuncia, Óscar Flor y Sandra se encontraban bajo efectos de drogas.
El ataque
Sonia no había colgado su teléfono cuando fue sorprendida por el hombre quien la tomó de la mano para que Sandra la golpeara en repetidas ocasiones hasta hacerla caer al suelo.
“Mira puta se te llegó el día, hoy te vamos a matar, ya mucho jodes”, fue la advertencia que los tres agresores le hicieron a la mujer que desde el suelo comenzó a buscar refugio en la casa de otro vecino.
Perseguida por los tres acusados, Sonia vio como una vecina curiosa se asomó a ver lo que pasaba, esto fue una luz en el camino para ella quien trató de correr para pedirle auxilio.
El intento de escape de la ofendida se frustró cuando Sandra la tomó del pelo para estrellar su cara contra el piso, tal cual pelea de lucha libre.
Las agresiones continuaron por varios minutos hasta que el esposo de Sonia salió a la calle y vio las agresiones que estaba sufriendo su amada.
El hombre comenzó correr y se encontró con el celular de su mujer tirado en la calle con el que llamó al 911 y con un grito fuerte les dijo que la policía ya venía en camino para detenerlos.
La advertencia del hombre provocó que los agresores huyeran en un carro particular; pero posteriormente fueron detenidos y procesados judicialmente por las lesiones causadas a la mujer.
El Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador tiene previsto celebrar el juicio por este caso a finales del mes de febrero del presente año.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
