Nacionales
MOP lanza política anticorrupción y habilita un número para hacer denuncias por sobornos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT) anunciaron la implementación de una política anticorrupción y la habilitación de un número para denunciar actos de soborno o sospechas de corrupción.
Según informó Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, el objetivo de esta política aplicar la cero tolerancia contra los actos de corrupción y soborno, además que todo el personal público trabaje con integridad y que cumplan sus funciones. Advirtió que, si comprueban actos de corrupción o sobornos, se incurrirá en medidas legales por medio de la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas, y también harán despidos.
«Anunciamos un número que tendremos, donde el jefe es un oficial de cumplimiento para garantizar que cualquier denuncia sea captada por este número, que es de WhatsApp. El número es 2528 3345 y la idea es tener información que va a servir para hacer procedimientos ante la Fiscalía o de despidos en casos que se compruebe un hecho ilícito», indicó Romeo Rodríguez.
Esta política tiene alcance para todos los trabajadores del MOP, del VMT e instituciones dependientes como el Fonat. También serán ampliadas a más instituciones como las escuelas de manejo. El ministro indicó que buscan garantizar que el dinero de los salvadoreños sea invertido en proyectos, y también prevén tener ahorros que permitan ampliar otros proyectos.
Además, anunció que en Comprasal se encuentra disponible el proceso de contratación donde las empresas pueden participar en la certificación de la ISO antisoborno, con la cual se garantizan los pasos necesarios para evitar sobornos o actos de corrupción en el MOP. «Queremos prevenir sobornos y toda la población puede denunciar. La idea es tener cero tolerancias ante la corrupción, porque nos debemos al pueblo salvadoreño», indicó el ministro.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión

En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
Nacionales
PNC reporta un nuevo día sin homicidios

El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.
La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.
Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.