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Ministro Alabi se pone traje especial para verificar «in situ» los protocolos en hospital Psiquiátrico y ratifica compromiso de lucha contra el COVID -19
El Ministro de Salud, Francisco Alabi también combate la pandemia del coronavirus en primera línea y ratificó su compromiso de acompañar la lucha médica.
En las últimas horas, el titular de Salud, llegó al hospital Psiquiátrico, se reunió con personal, hizo un recorrido por el nosocomio y se puso el traje especial para verificar «in situ» los protocolos que se aplican a los pacientes con COVID-19.
“Todavía estamos lejos de salir de esta pandemia, pero seguiré caminando a la par de nuestro personal, y nuestro Gobierno seguirá luchando contra la mortal enfermedad con las herramientas que nos han dejado disponibles”, prometió el titular de Salud.
El Ministro Alabi, reconoció el esfuerzo que se hace tanto en este como en el resto de nosocomios del país en pro de salvar la vida de quienes llegan en busca de auxilio, y además, dotó de insumos, a los equipos que combaten el coronavirus en el hospital Psiquiátrico.
“Desde que el virus llegó a nuestro territorio he estado cerca de nuestro personal de salud acompañándolos en cada fase de esta pandemia. Hoy fue el turno de visitar el Hospital Psiquiátrico, donde verifiqué los protocolos de atención en una de las zonas con pacientes”, reiteró.
El Ministro Alabi inició su batalla contra la pandamia bajo el cargo de Viceministro, pero siempre ha sido él quien ha estado al frente, y fruto de su trabajo es que por ahora el país se encuentre únicamente con 2,107 casos activos, y que 2,924 personas hayan vencido la enfermedad.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
