Nacionales
Ministra de Vivienda anuncia reanudarán los trabajos de construcción del proyecto habitacional para la comunidad El Espino
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que los trabajos de construcción del proyecto habitacional para la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, se reanudarán junto con la reapertura económica que iniciará este martes 16 de junio.
En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró hoy que en el lugar se construirán viviendas para 64 familias, con una inversión de $2.1 millones.
Las obras iniciaron a finales de 2019, pero fueron detenidas ante la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.
De momento se han elaborado estudios de suelo, obras de terracería, diseño estructural, diseño eléctrico e hidráulico, instalación de tuberías de agua potable, aguas lluvias y aguas negras, entre otras obras.
“Las 64 viviendas se están haciendo en conjunto con toda la comunidad de El Espino, también con cooperación de Estados Unidos de tres organizaciones: New Story, The Fuller Center For Housing y Gente Ayudando Gente”, explicó la ministra de Vivienda.
En el reinicio de los trabajos, también se incorporarán privados de libertad en fase de confianza, quienes aportarán con su mano de obra para la construcción de las viviendas. El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, confirmó que 30 privados de libertad contribuirán en este proyecto.
“Estamos tomando todas las medidas higiénicas, todas las medidas de prevención para este grupo que va a comenzar a trabajar”, aseguró el funcionario, en referencia a los protocolos sanitarios que se seguirán para evitar contagios de COVID-19.
La ministra de Vivienda explicó que también se planea ejecutar obras de espacios públicos de calidad. Además, se ha identificado un área en la cual se podrán construir establecimientos para que los habitantes de la comunidad puedan iniciar emprendimientos.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele decidió construir un proyecto habitacional en El Espino, para brindar una opción de vivienda digna a las familias de la zona, luego que la comunidad fuera expulsada de los terrenos en los que habitaba desde hacía décadas.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
