Judicial
Médico condenado a ocho años de prisión y esposa a cuatro años por negociaciones ilícitas
Ocho años de prisión para médico y cuatro años para su esposa por hacer negociaciones ilícitas en Medicina Legal
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a un médico e impuso cuatro a su esposa tras ser encontrados culpables por el delito de negociaciones ilícitas cometidas el Instituto de Medicina Legal (IML), donde ambos laboraban.
Juan Carlos Monterrosa, condenado a los ocho años por el delito continuado y su esposa, Josefina Morales de Monterrosa – condenada por participar en tan solo una compra- fueron procesados junto a Sindi Berenice García de Portillo, sobrina de los esposos quien recibió cuatro años de prisión por falsedad ideológica.
De acuerdo a las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), los galenos que laboraban en el área de Genética adquirían material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representaba por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Este es un golpe contra los delitos de corrupción, la Fiscalía tiene la consigna de tener cero tolerancia contra esta clase de delitos y en ese sentido nos sentimos conformes con el fallo del juez», comentó el fiscal representante del ministerio público.
En cuanto a la condena de Monterrosa se explicó que por tener la modalidad continuada, es decir que participó en diversas adquisiciones de materiales; mientras que su esposa solo fue una vez, según las pruebas presentadas por su defensa.
Información tomada de El Salvador Times.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
