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Mauricio Funes era quien decidía cuántos miles de dólares se le entregaba a cada uno de sus funcionarios como “bono”
Luego de la captura de cinco exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, detalló cómo era que funcionaba la trama para entrega dinero de fondos públicos en forma de “bonos”.
Según investigaciones, los exfuncionarios recibían dinero en efectivo y en montos diferenciados desde Casa Presidencial, en el periodo presidencial de Funes. Las capturas están relacionadas con el caso denominado, en aquel entonces, Saqueo Público.
Los montos recibidos durante la gestión Funes se detallan de la siguiente manera: José Guillermo López Suárez, $565,000; Salvador Sánchez Cerén, $530,000; Gerson Martínez, $290,000; Carlos Cáceres, $210,000; Calixto Mejía, $208,000; Hugo Flores, $174,000; Violeta Menjívar, $167,000; Lina Pohl, $166,000 y Erlinda Handal: $162,000.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, detalló que las investigaciones señalan que el expresidente Funes otorgó bonos de manera ilegal y bonos de retiro a sus funcionarios. Aunque la Asamblea Legislativa que fungía entre ese período aprobó fondos por $80.8 millones para cinco años, la cifra ascendió a $351 millones que fueron parte de un desfalco al Estado salvadoreño.
Ayer, las autoridades capturaron a la exministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para que respondan por el delito de corrupción y malversación de fondos públicos.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
